El caos económico que generan los meses de pandemia de a poco están obligando a Ángela a sentirse agradecida. Tras meses críticos, no solo ha podido conservar su salud, sino el trabajo de cajera que desde hace 10 años cumple en una distribuidora de insumos agrícolas de Guayaquil; esto, aunque ahora tenga que mantener su hogar con $ 371 al mes, $107 menos, luego de que en su empresa le suspendiera el pago de horas extras y un subsidio diario que recibía para cubrir su almuerzo. Aún así, ella cree tener suerte, sobre todo si mira la gran ola de desempleo de la que, se intuye, podría seguir creciendo.

En esas condiciones ha caído en el grupo de 2,6 millones de personas que, según el INEC, hasta junio trabajaban en la informalidad, pero al menos, dice ella, aún no es parte de ese 1’009.583 de desempleados. Pero el temor está.

La realidad laboral precaria, explica Karolina Pazmiño, gerente general de Gente & Gestión, la sufren muchos ecuatorianos, y esta podría llegar a extenderse en un mercado donde aún no se han dictado políticas públicas reales que ayuden a amortiguar los efectos.

La cifras oficiales que desde este sábado reflejan la situación laboral, dice, es coherente con las miles de carpetas que llegan hasta su oficina y que debe revisar para llenar una sola vacante. Si en marzo del 2019 se analizaban de 300 a 500 hojas de vida, ese número creció a 1.800 en junio y, hoy, en días de crisis post pandemia, le faltan manos para seleccionar al mejor perfil de entre 3.000 y 4.000 carpetas.

La Ley de Apoyo Humanitario, que entre sus principales reformas laborales, permite reducir jornadas y sueldos adaptadas a la situación económica actual, ha venido a cambiar el escenario por completo. Acogidos a esa norma, señala, el 90% de las empresas está optando por reestructurar su plantilla. Que en términos generales se traduce a sacar gente (la que más gana) para hacer que los que se quedan cumplan varias funciones, generando con ello una sobrecarga de trabajo y el riesgo de un estrés laboral. Esto a cambio de recibir un salario, que en promedio, se reduce en un 50%.

En escenarios como este, la agudización de la precarización del mercado laboral siempre será la tendencia, pero reconoce que recurrir a estas condiciones hoy es el único alivio que tienen las empresas. Para algunos expertos, lo que debe preocupar es que, a esta altura, sigan haciendo falta medidas para impulsar una real recuperación.

Acá en el país sucede todo lo contrario, dice Roberto Gómez, asambleísta integrante de la comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Lo que se ha creado es un sistema laboral rígido “que deja afuera a una gran masa de gente que puede trabajar formalmente”. Una muestra, reconoce, es lo recientemente aprobado en el Legislativo, en torno a la prohibición que hoy tienen las empresas de despedir a empleados bajo la figura de fuerza mayor (sin indemnización) si sus operaciones no se han paralizado por completo. “Esta intencionalidad de no permitir que la empresa ajuste sus operaciones a la nueva realidad y obligarla a cerrar tiene como consecuencia más desempleo. Se aprobó eso bajo el pretexto de evitar abusos de las empresas, pero no hay diferencia. La empresa que iba a despedir a la fuerza, igual lo hizo, pero cerrando por completo”. Ese es el efecto, añade, de lo que hoy se ve con el cierre de hoteles y restaurantes.

El gran desafío es que la informalidad no siga creciendo y la forma, acota, no es gravando con más impuesto a las empresas que son las llamadas a sostener y crear nuevas fuentes de trabajo, sino facilitando la contratación y el emprendimiento. Los actores de este sector concuerdan en que la reciente resolución del Ministerio de Trabajo de extender el modelo de contrato por obra o servicio hacia todas las actividades económicas es positivo, pues restará obstáculos a las empresas que quieran contratar. Pero hablan también del peligro de crear una recuperación irreal. Si bien a corto plazo se podrán crear puestos de trabajo, este esquema no garantiza la estabilidad laboral (este contrato solo tiene una duración de 6 meses; los emergentes, hasta de 1 año).

Para Juan Manuel Domínguez, director de Investigación de la Espae (escuela de negocios de la Espol), flexibilizar la contratación es oportuno, pero de poco o nada servirá si no se crea en las empresas una motivación por contratar. Eso se conseguiría si, a cambio de emplear o retener a más personas, estos negocios pueden acceder a exenciones tributarias y a mejores plazos y tasas de crédito.

“Lo principal es apoyar a estas empresas para acortar los tiempos de recuperación económica. Tenemos estudios que dicen que las compañías, en promedio, se demorarán al menos 3 años en recuperar su liquidez asumiendo que venden al 50% de su capacidad”. Por lo tanto, dice, si no se hace nada existe un riesgo alto de que las tasas de desempleo y subempleo sigan subiendo. Y de ser así, las consecuencias son nefastas.

“Si usted tiene más desempleados, obviamente tendrá menos gente que demande bienes de las empresas y estas así no podrán reactivarse. Todo es un círculo”. Tener a más personas sin ingresos también acarrea un alto costo social. “No solo representa una pérdida importantísima de talento humano, también hay que ver la presión que se genera con un posible incremento de la tasa de inseguridad”.

• “¿En qué tiempo se recuperarán 1,8 millones de empleos adecuados?”

Después de decretado el estado de emergencia por la pandemia, el país debió esperar más de cuatro meses para conocer la condición de su mercado laboral, una demora que los expertos del tema también señalan como la causa para no poder diseñar y tomar políticas a tiempo. Las cifras, que ya se preveía desalentadoras, fueron difundidas este fin de semana por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), una presentación cuya coordinación fue liderada por el Gobierno, de la mano del Ministerio de Trabajo.

Diego Andrade, director del INEC, explicó que esta demora responde al proceso que tomó buscar asesoría y levantar una nueva metodología que terminó en la adopción de las encuestas telefónicas para recabar datos.

Félix Casares, presidente de Betamétrica, entidad que se dedica al análisis macro de estadísticas, cree que ha faltado diligencia. “Da la sensación de que se responde a una agenda política porque la mayoría de países de la región pudieron generar data después de marzo y ahora en julio. No creo que haya una real explicación para entender por qué no se hizo ese trabajo”.

Conocido el escenario laboral, él se pregunta cuánto tiempo el país se va a tomar para recuperar los más de 1,8 millones de empleos adecuados o de calidad que se han perdido en esta pandemia. “Eso es urgente, es crucial en este momento porque no se está generando empleo de calidad. Con los contratos creados (los emergentes, por obra o servicio), dice, en algo se alivia que más gente caiga en el desempleo, pero eso no es sostenible.

Desde inicios de julio, este Diario ha intentado en varias ocasiones un diálogo con el actual ministro de Trabajo, Andrés Isch, para conocer las directrices que tendrá su gestión, pero no ha habido respuesta. Este fin de semana, en la rueda de prensa virtual, sin embargo, defendió parte de lo que se ha hecho. La política de ampliar el uso de contratos, dijo, está permitiendo “salvar empleos”. No obstante, reconoció que la informalidad es una de sus principales preocupaciones, y que en ello se trabajará en los próximos meses.

• El Gobierno motiva un acuerdo nacional

Para esta semana se espera que el Ministerio de Trabajo anuncie los parámetros que se seguirán para dar vida a ese diálogo nacional prometido, con el fin de consensuar medidas, entre el sector público y el privado, que ayuden a mejorar las condiciones laborales. Sin aplicar reformas a la ley, desde esta cartera de Estado se espera seguir trabajando en herramientas jurídicas que faciliten la contratación, en capacitación y en la focalización del destino de los créditos productivos hacia aquellos sectores del país que más pueden generar puestos de trabajo.