Desde el pasado lunes 11 de abril de 2022, unas 400 embarcaciones artesanales de Playas (Guayas) están impedidas de salir a pescar por no tener al día su documentación. El hecho, que se atribuye a mayores controles, genera descontento entre los pescadores, pues denuncian problemas para actualizar sus permisos.

La falta de presentación de documentos, relacionados a la matrícula, el troquelado de motores, el arqueo y avalúo de embarcaciones, generan incumplimientos, según la autoridad de la Marina. Roberto Cruz, presidente de la Unión de Pescadores de Playas, reconoce la ilegalidad en la que algunos compañeros han incurrido, pero señala que gran parte del problema es por la demora que se da en cada trámite. 

Pedro Cruz, otro pescador, señala que desde enero está tramitando la entrega de su permiso de zarpe, que aún no recibe. Julio Crespín, en cambio, sostiene que no puede legalizar su embarcación porque no ha sido inspeccionada, pese a que inició el papeleo el año pasado. "A veces nos pasamos viajando una semana entera a Guayaquil, para que nos entreguen la documentación sin conseguirla. Ahora nos aplican la ley, sin analizar que la capitanía también tiene su grado de responsabilidad por no agilizar la documentación, expresó, Diego Jordán.

El capitán del Puerto de Posorja, Washington Tamayo, atribuye el problema a un descuido de los pescadores. Él señaló que lo primero que ha hecho la capitanía es crear un comité de seguridad marítima que vele por la seguridad de los pescadores de Posorja, Playas, Y Engabao. Él sostuvo que se ha reunido varias veces con los artesanos, para pedirles que expongan sus problemas, pero que no todos han acudido al llamado y por esa razón no ha habido avances. 

Tamayo apuesta porque todos los registros de las embarcaciones pasen a la capitanía de Posorja, para ejercer un mayor control. La propuesta es que cada registro de embarcación que pase a Posorja cueste 55 dólares. 

Cruz sostuvo que los artesanos no tienen ese dinero y pidió una prórroga a la capitanía para arreglar la documentación para que se los deje trabajar. Tamayo aclaró que ellos no están autorizados para ese tipo de autorizaciones. 

Él estima que un 50% de los pescadores no tendría su documentación en regla, lo que pone en riesgo su trabajo. Si ellos salen a pescar, dijo, lo hacen por su cuenta y riesgo. En alta mar, cualquier patrulla de la Armada los puede detener y sancionar.

Por su parte el alcalde de Playas, Dany Mite, envió el pasado 11 de abril de 2022 una solicitud  al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para que les otorgue a los pescadores una prórroga de 90 días. Aún se espera una respuesta. 

Ayer Cruz dijo a EXPRESO, que este miércoles 13 de abril de 2022, mantendrán una reunión en Guayaquil con la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) y los capitanes de los puertos de Posorja y Guayaquil, para encontrar una solución rápida al problema.