¿Mala racha o también negligencia? Desde 2019, el sector petrolero nacional ha debido afrontar un incidente o para definitiva en la producción petrolera cada año por protestas y, en su mayoría, por roturas de los oleoductos causados por la erosión regresiva en el río Coca y otros afluentes de la provincia de Napo.

Los inconvenientes han dejado pérdidas al Fisco que ascienden los $ 1.141 millones, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central del Ecuador (BCE)y el Fondo Monetario Internacional. La cifra equivale al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB)de Ecuador.

De hecho, la producción de previo a las protestas de octubre de 2019, en el que manifestantes se tomaron pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, todavía no ha logrado retomarse. En ese entonces se producía 537 mil barriles por día (bpd) y actualmente ronda los 490 mil bpd, según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Por el hecho de 2019, el BCE, junto al Banco Mundial, calcularon pérdidas de $ 186 millones.

Desde 2020, el fenómeno de la erosión regresiva ha sido el problema que ha afectado la producción de crudo. En abril de ese año, en medio del inicio de la pandemia de la COVID-19, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) sufrieron roturas ocasionadas por un deslizamiento de tierra en el sector de la cascada de San Rafael, entre Napo y Sucumbíos.

“Ecuador vive en una zona que se conoce como zona 1, de alto riesgo geológico, parecida a California (EE.UU.). Esto quiere decir que no hay sitio de Ecuador donde no haya un riesgo”, aseguró René Ortiz, exministro de Energía.

Según un reporte de FMI de ese año, se perdieron 14 millones de barriles. Eso, más el desplome de los precios del crudo en el mercado internacional    de esa época provocaron una caída en los ingresos fiscales y de exportación por $ 600 millones.

A finales de 2021, cuando el Gobierno de Guillermo Lasso buscaba impulsar el incremento de la producción petrolera, nuevamente los dos oleoductos se rompieron en el río Piedra Fina (provincia de Napo). El MEF calcula pérdidas al Fisco por unos $ 355 millones.

Días después, el OCP reportó nuevamente una rotura, la cual ocasionó un derrame de 6.300 barriles. Los ductos fueron reparados y comenzaron a operar nuevamente luego de 11 días. Todavía las autoridades no han entregado el dato de las pérdidas.

Para evitar nuevamente estos inconvenientes, se construyen nuevas variantes de los oleoductos. El ministro de energía, Juan Carlos Bermeo, informó el 27 de enero de 2022 que las variantes definitivas del SOTE y del Poliducto Shushufindi-Quito costarán unos $ 200 millones.

La obra se ubicará en el margen derecho del río Coca. De esta forma, el Gobierno busca proteger esas instalaciones hidrocarburíferas de la erosión regresiva del río Coca, que lleva detenida más de 190 días, señaló el ministro Bermeo a finales de enero pasado, en la Asamblea.

“Es un tema que se podía prevenir (...) Están dando oídos a lo que debieron haber hecho hace un año, el nuevo Gobierno cuando apenas llegó. Esperemos que nos den la solución definitiva para este año, por lo menos”, aseguró el experto en el sector petrolero Miguel Robalino.

¿Algún seguro protege a la producción petrolera? El Ministerio de Energía señalo a EXPRESO que cada empresa, privada o estatal, debe encargarse de contratar un seguro.

Si bien las petroleras en el país contratan seguro para la infraestructura, estos no cubren las pérdidas que dejan al Fisco o el lucro cesante, aseguró Ortiz. “Hay un país que ha hecho esto: México. Y esto es prevenir un volumen de ingresos a cierto precio. Es como una venta anticipada. Se dice a este precio y el seguro le asegura”, dijo Ortiz.