Economía

Las pensiones se pagarán con el seguro de desempleo

La entidad recurre al fondo de desempleo para paliar la iliquidez del ente. El redireccionamiento de aportes, avisado informalmente, suma cuestionamientos

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Según cifra del IESS, en lo que va de este mes, se han desembolsado $ 44,5 millones, recursos que fueron distribuidos entre 48.498 beneficiarios.Archivo

De los aportes que cada afiliado realiza a las cuentas de la Seguridad Social, el 1 % alimenta una cuenta solidaria creada para cubrir, con pensiones, a quienes son despedidos y se quedan en el desempleo. Una disposición que cambiará desde el próximo año, porque de esos aportes ahora solo llegará la mitad, aunque el afiliado continúe desembolsando la misma cantidad de recursos. Una nueva resolución del IESS señala que el resto irá para ayudar a pagar los décimos tercer y cuarto sueldo que hoy reciben los jubilados.

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Pero la redistribución, permitida en la Ley de Seguridad Social y sustentada en un Estudio Actuarial del 2018, suma cuestionamientos, por haber sido la primera opción para cubrir un déficit, aun sin agotar otras opciones de financiamiento. Una de ellas: la de exigir que el Estado se ponga al día en el pago del 40 %, que por ley, debe aportar a las pensiones de los jubilados. 

La noticia sobre la redistribución de fondos, que de forma informal (hubo un comunicado en redes sociales) fue comunicada a modo de una solución para evitar un incremento en las aportaciones de los afiliados, no ha sido bien vista en la Asamblea Nacional, pues se cree que con esta decisión se tapa un hueco, pero se debilita un fondo. 

Los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comparecieron la semana pasada ante el pleno para explicar los cambios que se han tomado, una decisión que, explica el asambleísta Bairon Valle, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, no fue bien recibida. 

“Según el Estudio Actuarial, los décimos están financiados hasta el 2053, cuando se habla de que el Estado debe aportar el 40 %, eso incluye por supuesto la décima tercera y cuarta remuneración de los jubilados”. 

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Por ello, dijo, su posición es insistir en que se revea el nuevo uso de los fondos que se destinan al seguro laboral y que se exija al Estado su cumplimiento. No solo con el pago de $ 1.400 millones anunciados, sino con una deuda antigua restante que sobrepasa los $ 6.000 millones, por concepto del aporte al 40 %. 

Jorge Wated, presidente del Directorio del IESS, en entrevista con este Diario, explicó que la decisión de redireccionar el aporte del seguro laboral al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, responde al superávit que registra el primero. Ese 1 %, dijo, representa $ 260 millones al año y, este año, incluyendo los efectos de la pandemia, no se requerirán más allá de $ 70 millones para auxilar a quienes se queden sin empleo. Ese sobreingreso, resalta, ha generado una reserva de $ 1.000 millones netos. 

No obstante, para Valle esa es la reserva que, como su nombre lo promulga, se debe cuidar. Sobre todo porque está convencido de lo subutilizada que está. Dice que con cerca de 1 millón de personas que, en este Gobierno, han perdido el empleo”, la demanda debería ser mayor. “Lo que ha pasado es que algunas empresas, en complicidad con este régimen, han obligado a que la gente firme la renuncia voluntaria y cuando se firma eso, se pierde ese derecho”, dice el legislador. 

Según cifra del IESS, en lo que va de este mes, se han desembolsado $ 44,5 millones, recursos que fueron distribuidos entre 48.498 beneficiarios. 

La intención de esta medida, reitera Wated, era hacer que esta falta de dinero que atraviesa el IESS, “no le cueste al ciudadano”. No obstante, es una opinión que poco se comparte en este sector. 

Jorge Madera, exdirector del IESS, explica, que esta nueva reforma lo que hace es debilitar aún más la cobertura laboral que, por derecho deben tener los afiliados. Esa afectación, recuerda, empezó en el 2016, cuando el gobierno de Rafael Correa decidió bajar del 3 al 2 % el aporte del fondo de Cesantía (estos recursos se pueden retirar a los tres meses), restándole la opción de tener un mayor ahorro cuando el asegurado quede cesante. Ese 1 % restante, dice, es el que se direccionó al seguro de desempleo y el que hoy se quiere debilitar. ¿Qué pasa si existe un rebrote y la pandemia obliga un nuevo confinamiento y cierre de empresas? ¿Se tendrá la plena capacidad de responder si existe una mayor demanda del seguro laboral?, se pregunta.

Madera coincide con Valle en creer que la solución para estabilizar las cuentas del IESS está en exigir al Estado el cumplimiento de aportes o, incluso, replantear la forma en cómo subir los aportes, sin que esto golpee el bolsillo del afiliado.