Un objetivo que no camina. Llegar a bombear 1 millón de barriles de petróleo al día, una de las promesas del Gobierno de Guillermo Lasso para dinamizar la economía, no da señales de avance.

Lasso inició su mandato, en mayo de 2021, con una producción petrolera de unos 497 mil barriles por día. Más de un año después esa cifra casi no se ha movido. De hecho, en ocasiones ha bajado por problemas como las roturas de los oleoductos o el paro de junio pasado.

Por ejemplo, la meta para el cierre de 2022 es 580 mil barriles por día (bpd), lo cual implica agregar, prácticamente, más de 80 mil bpd al ritmo de bombeo actual. EXPRESO consultó la semana pasada al Ministerio de Energía y Petroecuador si habrá cambios en las metas de producción, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido una respuesta.

Si bien la meta parecía demasiado ambiciosa, ahora luce aún más complicada por los escándalos en Petroecuador y la poca claridad en los avances de la renegociación de los contratos petroleros.

Por ejemplo, Petroecuador ha tenido tres gerentes en algo más de un año y medio: Gonzalo Maldonado, Pablo Luna e Ítalo Cedeño. “Es una empresa sin rumbo”, dijo Fernando Santos Alvite, exministro de Energía.

“Es muy preocupante porque la meta del millón de barriles está lejísimos (...) Está sin rumbo el sector petrolero”, añadió Santos Alvite.

El Gobierno debe ser realista y más bien debe enfocarse en mantener el nivel de producción actual, aseguró José Orellana Giler, socio de la firma ecuatoriana de estrategia Ahead Partners. “Será un milagro si llegamos al medio millón de barriles. Aquí el tema va a ser mantener la producción”, aseguró Orellana Giler, debido a los problemas que nuevamente pueden tener los oleoductos por fuertes lluvias o por nuevas manifestaciones de movimientos indígenas.

Y se le ha agregado algo más de incertidumbre a la situación. Las mesas de negociaciones con el movimiento indígena incluye el tema petrolero, a decir de Gonzalo González, coordinador de Competro (Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

“En una especie de romanticismo, sin fundamento (se busca) impedir que continúe la actividad petrolera privada. Es decir que no se comparta el riesgo con los privados, que es lo que más se necesita”, dijo González.

De los 41 contratos vigentes que el Estado mantiene con las empresas privadas, 23 habían manifestado interés en el cambio. El Ministerio de Energía señaló a este Diario en días pasados que formalmente han mostrado interés nueve empresas para migrar de modalidad.

Según la cartera de Estado, el 40 % de la producción nacional está comprometida en cuatro contratos con compañías asiáticas, los cuales terminan entre 2023 y 2024. El Ministerio de Energía busca ampliar esos contratos hasta 2026, “en mejores condiciones”.

El objetivo del Gobierno para modificar los términos con los que operan las petroleras en el país es que aumenten la inversión para incrementar la producción de crudo.

En términos generales, los nuevos modelos de contratos pretenden que las firmas privadas sean propietarias de una parte de la producción a cambio de la inversión que están dispuestas a hacer para bombear el crudo. El Estado se queda con otra parte del petróleo.