Parte de los $ 32 millones   de Isspol que debían usarse para la compra de bonos 2028 se habría distribuido no solo en préstamos a terceras empresas, como ya lo ha contado EXPRESO en anteriores ocasiones, sino que también fue repartido vía transferencias personales; una de ellas para pagar una casa de Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, ambos detenidos en el caso Las Torres.

Esta es la principal pista que motivó a la Fiscalía a abrir una nueva investigación, esta vez por posible enriquecimiento privado no justificado, en la que nuevamente estarían involucrados exdirectivos del Decevale, la Bolsa de Valores de Guayaquil y Citadel.

Los primeros indicios surgen en medio de la investigación que se sigue en este último caso judicial, el de Citadel, uno de los 20 procesos que la Justicia ha abierto en los últimos meses para determinar el destino que tuvo la fallida inversión por más de $ 950 millones que hoy reclama el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Entre los documentos que componen este nuevo expediente que busca confirmar un supuesto enriquecimiento consta un cheque por    350.000 dólares que emitió Citadel en 2020 a favor de un fideicomiso vinculado al hermano del excontralor.

Esta información fue confirmada por Renato González, director del fondo policial, y por investigadores en este nuevo caso. “Adquieren una casa camuflándose en un fideicomiso, pero los dineros corresponden a la última transferencia de $ 32 millones que el Isspol hace al Decevale”, explicó González.

Con la apertura del nuevo expediente, los agentes intentan rastrear la ruta del dinero de los policías. Hasta ahora ya se han encontrado transferencias por $ 11 millones que terminan en manos particulares sin que exista una justificación.

Según los investigadores, entre 2019 y 2020 hay varios pagos por 50.000 y 200.000 dólares a favor de Xavier Neira Salazar, presidente de Citadel  y Oriana Rumbea, su esposa y exdirectiva del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) y la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG).

Además, habría otros montos a favor de la hija de Luis Álvarez Villamar, exgerente del Decevale, detenido en los Estados Unidos y quien en su colaboración judicial ha confesado haber recibido sobornos entre 2014 y 2019 para malversar los fondos del Isspol. Este Diario se contactó con todos ellos, por llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos. No respondieron.

A partir de estos indicios, el pasado lunes la Fiscalía dirigió 16 allanamientos. No hubo detenidos, pero sí se recogió información y surgieron los nombres de 16 personas, entre estas contadoras particulares, abogados y comerciantes, quienes habrían recibido fondos provenientes del Isspol.

Su participación en esta trama de corrupción no está clara, pero la Fiscalía en las próximas semanas los llamará a declarar.  Uno de los hilos que se investiga es que se tratarían de    testaferros, a través de los cuales se esconden los verdaderos beneficiarios.

Entre los lugares que fueron allanados por policías y fiscales están tres propiedades vinculadas a Esteban Celi (en Quito). Ya en 2021, dos de sus oficinas fueron intervenidas dentro del caso denominado Las Torres. Entre las evidencias se decomisaron 19.500 dólares, un celular y documentos.

Otras casas allanadas en esta reciente operación fueron las de Xavier Neira Salazar y su esposa Oriana Rumbea; la oficina de Jorge Ode Kronfle, cuñado de Xavier Neira Menéndez, padre del presidente de Citadel, así como las instalaciones de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y la misma casa de valores Citadel.

EXPRESO buscó ayer la versión de Jorge Ode Kronfle, pero no hubo respuesta. En un comunicado, la BVG confirmó por su parte el hecho. El allanamiento, precisó, se dio “ en el espacio de trabajo de la contadora” de la bolsa, entidad que,  según se añade, está presta a seguir colaborando con la Justicia en el acceso de información.

Esta diligencia, explica César Salazar, uno de los 15 fiscales que participaron en el operativo, fue motivada por los hallazgos de presuntos delitos mientras investigaba el caso Citadel. En este caso, recordó Suárez, se indaga una presunta falsedad de información por una de las operaciones de inversión que implican un monto de $ 32 millones. Ese dinero, apuntó, que inicialmente iba a la compra de bonos, fue destinado también para la dación de préstamos a terceras empresas, entre ellas Enlit, una firma guayaquileña que en su momento llegó a recibir $ 4 millones. Ayer, el gerente de Enlit, Javier Polit, tras ser consultado por este Diario, recordó que el crédito recibido no fue concedido por Citadel o Decevale, sino por Forban Holding, donde Neira aparece como accionista. El dinero fue cancelado.

Un día después del operativo, Suárez señaló que en la diligencia judicial fueron decomisados documentos y dispositivos electrónicos que permitirán esclarecer el destino que tuvo el dinero.    “Lo que sigue es conseguir una autorización del juez para que este permita abrir la cadena de custodia de lo hallado y poder  comenzar a revisar    y confirmar quiénes se beneficiaron de estos recursos”, dijo. El procedimiento podría tardar 15 días o más.

• CASOS JUDICIALES. Citadel, el de mayor avance

Citadel es el caso    más avanzado de una veintena de investigaciones judiciales que ha iniciado la Fiscalía en el país. Tras culminar las audiencias de evaluación y preparatorias de juicio,    las partes esperan ahora una resolución final del juez.

En la lista le siguen 5 casos más que completaron ya la instrucción fiscal, de los cuales    está el caso de peculado (en Quito), Decevale, SMS, Delcorp y Ecuagran, en Guayaquil.

El siguiente, en avance procesal, es Decevale donde hay 12 procesados.

Renato González, director del Isspol, recuerda que a esto se debe añadir el de Ambiensa, en el cual reconoce tuvo un retroceso, luego de que la Fiscalía de Quito solicitara su archivo, un proceso    del cual aún esperan un comunicado formal para apelarlo.

Ayer se abrió    el caso sobre enriquecimiento no justificado pero un pendiente es que la Justicia abra una investigación por delincuencia organizada, “donde incluyan a todos los organismos de control de la época, superintendencias, Banco Central, al Ministerio de Economía, Bolsa de Valores de Guayaquil, Decevale, casas de valores y calificadoras”.