El proceso de recuperación de inversiones por parte de Isspol cobra un nuevo impulso. Con una orden judicial en curso, el instituto policial espera que, en cuestión de horas, el Decevale devuelva $ 4,7 millones que tiene en sus cuentas.

Ayer, el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Renato González, acompañado de varios agentes, se acercó a la sede de esta entidad, encargada de custodiar, compensar y liquidar títulos valores que se transan en el mercado bursátil. En una gestión que demoró pocos minutos, y en la que tuvo que intervenir para que se permita la presencia de la prensa, entregó la orden que fue anunciada en marzo pasado    por el juez Juan Carlos Terán, tras la última audiencia del caso Citadel, uno de una veintena de procesos que la Fiscalía ha iniciado con el fin de hallar responsables y recuperar $ 950 millones que pertenecen al ente policial.

EXPRESO ha pedido una entrevista al Decevale para conocer en qué tiempo y de qué forma se devolvería este dinero, pero aún se espera una respuesta. La orden no menciona plazo, pero se cree que es un trámite que tiene que cumplirse sin demoras. “Ellos mismos mediante informes alertaron en su momento a la Super de Compañías sobre este remanente en sus cuentas”, manifestó González.

Con esta diligencia, añadió, se espera ver la conducta de la actual administración del Decevale, elegida en julio del año pasado como parte de un proceso de cambio al que fue sometida la entidad, luego de que sus anteriores directivos se hayan visto involucrados en la estafa millonaria contra el Isspol.

“Por varios años, el Decevale le emitió al Isspol estados de cuenta donde manifestaba que custodiaba $ 700 millones de inversiones, hasta el 30 de octubre de 2020, fecha en la que niegan la custodia y dicen que ha existido una colusión entre Luis Álvarez Villamar, exsubgerente de Operaciones, y el Sr. Jorge Chérrez, y que por eso reclamemos en la esquina. Eso es impresentable”, dijo González, quien cree que esta entidad no debería estar funcionando. “Debería liquidarse”.

Con este desembolso, el Isspol recuperaría cerca de $ 20 millones. Antes, ya había anunciado el reintegro en sus cuentas de $ 13 millones, dinero al que deben sumarse también los $ 1,5 millones que logró hace dos semanas, tras el embargo de las oficinas donde funcionaba Delcorp, una de las firmas deudoras. El representante de la Policía está a la expectativa de que otros procesos de cobro avancen con la misma agilidad. “Estamos optimistas de que podamos recuperar también el remanente de $ 240 millones, que tras la mal llamada operación swap en bonos de deuda interna, están en el Banco Central”.

Pero no es lo único. El Seguro policial está por activar otros canales de cobro. Tras la llegada del nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien desde un inicio ha sido considerado como uno de los denunciantes del caso, se han vuelto a retomar las reuniones del Consejo Directivo y a evacuar trámites retenidos. Uno de ellos es la expedición del reglamento para encaminar juicios coactivos. Según un diagnóstico inicial, en este caso existen 59 procesos civiles y 10 procesos penales, de los cuales ya se ha dado la autorización de iniciar las acciones de cobro en 41 procesos, la gran mayoría relacionados con fideicomisos por un monto que podría alcanzar los $ 70 millones.

Otro trámite que se impulsa es la contratación de abogados para recuperar dinero en el exterior. Tras la paralización de sesiones del Consejo, se había estancado el diálogo con la Procuraduría sobre la forma en que el Isspol debe fijar la contratación. En estos últimos días ya han sido identificadas dos alternativas: contratar a los abogados a través de la Procuraduría o hacerlo de forma directa con el acompañamiento del ente de control. Se espera que, en los próximos días, la entidad explique las condiciones que implica optar por cada modalidad.

González prefiere irse por la segunda, pues el Isspol participaría en la elección del consorcio jurídico y podría ejercer mayor inspección. 

• $ 176 MILLONES CONFISCADOS EN EL EXTERIOR 

La Justicia norteamericana también investiga el montaje de un esquema de soborno y lavado de dinero que involucra inversiones del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). En este proceso ya ha ordenado la confiscación de $ 176 millones en bienes de Jorge Chérrez, dinero que se apunta a recuperar.