El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados (Decevale) se deslinda de la mala administración que tuvo y se declara como una víctima más del atraco millonario que enfrenta el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Abogados del ente han solicitado a la Corte de Florida (en Estados Unidos) una restitución de pérdidas, originadas por “la conducta delictiva” que tuvo Luis Álvarez cuando ocupó el cargo de  gerente de Operaciones.

A inicios de año, Álvarez empezó a ser imputado en ese país por participar en un presunto esquema de pago de sobornos y lavado de activos con dinero que provenía del fondo policial.    Tras un acuerdo de colaboración firmado con la justicia norteamericana, Álvarez admitió haber recibido por parte de Jorge Chérrez, presidente de Ibcorp, $ 3,1 millones y un departamento en Miami, Florida, a cambio de simular que  el Decevale custodiaba $ 693’411,150 en bonos del Isspol y con ello facilitar que las empresas de Chérrez controlaran dicha inversión, recursos que hasta el día de hoy sigue reclamando el ente policial.

“Como resultado del claro abuso de su cargo... para llevar a cabo su plan, el Decevale ha sufrido pérdidas significativas”, dice el oficio remitido por el estudio jurídico Waserstein y Núñez PLLC al Tribunal Distrito Sur de Florida, donde se lleva la causa no solo en contra de Álvarez, sino contra Chérrez y Jhon Luzuriaga, ex director de Inversiones de Isspol. Por ello, se cita en la solicitud, este tribunal   debe otorgar al Decevale una restitución que incluya “al menos el veinticinco por ciento del salario y los beneficios pagados mientras Álvarez estaba involucrado en el plan fraudulento”.

En el oficio remitido el pasado 10 de diciembre, se detalla que de 2014 a 2020 (periodo en el que se dieron las operaciones en contra de Isspol), Álvarez recibió $ 484.199,80 como salario. A estas pérdidas, se apunta, se deben sumar los $ 380.000 que la entidad ha tenido que destinar como pago de honorarios a abogados y los 167.200 dólares de la multa impuesta por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador y que tuvo que enfrentar. 

Este Diario intentó  conversar con Gonzalo Hidalgo, el nuevo presidente del Depósito, para tener detalles del tema y sobre otras posibles acciones que se encaminan, pero pidió que se hable con el abogado de la entidad. Eduardo Carmigniani, quien lleva la defensa, mencionó que aún están a la espera de que el juez se pronuncie sobre esta solicitud, que no solo busca una reparación monetaria “sino que se reconozca a la entidad como víctima de los actos criminales de Álvarez”.

El Depósito hoy apunta a Álvarez como el mayor responsable. No obstante, la Fiscalía ecuatoriana, dentro de los 20 procesos judiciales que sigue en el país para dar con los responsables del atraco al Isspol por $ 950 millones (además de los bonos, el monto incluye otras operaciones),  ha abierto varias investigaciones en las que además de Álvarez y Chérrez, se indaga el actuar que tuvieron Rodolfo Kronfle, quien fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y del Decevale; Carlos Carbo Cox, su gerente general; Oriana Rumbea,    su ex gerente administrativa; y Gonzalo Navarro, también exdirectivo. Ellos han evitado pronunciarse sobre el tema.

“La tesis que nosotros manejamos es que todos esos  actos indebidos fueron maquinados por una banda conformada por Álvarez, Oriana Rumbea y Gustavo Navarro, a espaldas  de Carbo y de Kronfle. Estamos esperando a ver qué determina la justicia”, declaró Carmigniani.

Este pedido de restitución  de pérdidas sería una de las primeras solicitudes en remitirse a la justicia norteamericana. Isspol, el más perjudicado, aún  trabaja en la contratación de un staff de abogados para iniciar acciones que le permitan recuperar recursos en suelo americano. Renato González, director del Isspol, mencionó que el Decevale tendrá que demostrar ante la justicia de Estados Unidos si tiene razón o no.

“Pero sí nos parece un despropósito que se quieran presentar como víctimas, como han intentado hacer con las investigaciones que se siguen localmente”. Según el representante de la Policía, el ente y sus autoridades de ese entonces no velaron por el control de las operaciones que se hacían en su nombre.