“Si Jorge Chérrez, presidente de Ibcorp, fue el que canalizó la mayoría de operaciones que terminaron en la millonaria estafa contra el Isspol, ¿por qué no fue vinculado al caso Citadel?” La pregunta, que repitió varias veces la defensa de los 4 vinculados a este proceso,   sirvió apenas de antecedente para exponer los seis alegatos que vendrían para  tratar de desvirtuar la investigación que, por presunta falsedad de información en el mercado bursátil, hasta aquí, ha hecho la Fiscalía. Observaciones que, al final del día, fueron rechazadas por el juez Juan Carlos Terán, por falta de argumentos.

Esto se dio este lunes en la Audiencia Evaluatoria y Preparatoria de Juicio del caso Citadel, uno de los 15 procesos que ha encaminado la Justicia para recuperar los $ 950 millones que reclama el seguro policial. La diligencia, celebrada en el Complejo Judicial La Florida, contó con la presencia de Xavier Neira Salazar, gerente de Citadel, una de las casas de valores que mayor cantidad de dinero captó de los fondos de pensión. Los otros tres acusados:    Oriana Rumbea, esposa de Neira y exgerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y del Decevale; Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, exdirectivos también del Decevale,    no estuvieron presentes pero, al igual que Neira, fueron asistidos por sus representantes legales.

La audiencia,   dirigida por el juez Terán e integrada por el fiscal César Suárez, transcurrió entre cada cuestionamiento, que buscaba fijar vicios y fallos al proceso que la Fiscalía desarrolló en cada etapa de investigación: desde la recepción de acusaciones, hasta la investigación e instrucción previa. 

El primer turno fue   para la defensa de Neira y Rumbea. El abogado de ambos, Fernando Yávar, partió por solicitar al juez que se haga una limitación al contenido de la acusación fiscal. El pedido fue que no se los vincule a la operación swap de $327 millones que se hizo desde el 2015, sino a una de las últimas transacciones de Isspol, realizadas en junio de 2019, que guarda relación directa a los hechos investigados. Yávar se refirió a los $ 32,2 millones que el Isspol facilitó al Decevale (el depósito de custodia y compensación de títulos valores) para la supuesta compra de bonos, pero que terminó repartiéndose para otros fines, como préstamos al sector empresarial.

Eso fue aceptado por el juez Terán, no así el listado de observaciones que vendrían con el fin de desvincular a sus clientes del caso o de declarar la nulidad del proceso. Las objeciones de Yávar apuntaron a la forma en cómo se aceptó la denuncia sobre este caso (para él la acusación fue particular y no colectiva al estar firmada por Renato González, director del Isspol) o a la supuesta falta de permiso, que habría requerido la Fiscalía para levantar el sigilo bursátil sobre las operaciones realizadas. Ambos alegatos fueron descartados por Terán, porque González con su cargo, dijo, representa a todos los  afiliados del instituto y porque existen excepciones como estas en la que la Justicia no requiere autorizaciones.  

Otros cuestionamientos vinieron por parte de la defensa de Álvarez y Navarro. Ambos censuraron la falta de tiempo para presentar la debida documentación. La instrucción fiscal, dijeron, se cerró dos días antes de lo previsto, lo que habría limitado la defensa de sus representados. Terán criticó que las diligencias se hayan hecho a última hora y recordó que los fiscales tienen la facultad de cerrar la instrucción antes del tiempo establecido, siempre y cuando cuenten con todas las pruebas necesarias;  además  ese hecho, añadió, tampoco dejó en indefensión a sus representados. 

Por otro lado, también puso entre dicho la idea de los abogados, respecto a que la Policía Nacional no podía ser parte de la investigación porque le restaría objetividad al caso. Admitió que eso podría ser un riesgo, pero aclaró que se verificará que todo el trabajo o aporte hecho por la Policía sea imparcial, caso contrario serán pruebas excluidas.

Con ello, el juez Terán terminó por declarar que el proceso en el caso Citadel se ha dado sin vicios y cumpliendo las reglas. La audiencia se retomará el próximo miércoles, día en que, se espera, la Fiscalía exponga los indicios hallados sobre las presuntas irregularidades que cometieron los acusados. Tras eso, se determinará si serán juzgados o no.