No funciona. A esa conclusión llegaron los gremios de restaurantes, bares, cafeterías, tiendas barriales y productores de cerveza de Quito y Cuenca, con respecto a los resultados de la ley seca, aplicada para combatir el creciente número de contagios de coronavirus.

Los voceros de cuatro gremios ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que mostraron los resultados de un informe publicado recientemente por la empresa de investigación de mercado Kantar-Millward Brown. Este señala que durante la emergencia sanitaria el consumo de alcohol ilegal subió del 14 % al 22 %.

“Esa cifra la respaldan las (estadísticas) de las propias autoridades nacionales, pues desde marzo hasta agosto se decomisaron 23.000 litros de alcohol ilegal, y solo durante el último feriado del 10 de Agosto se requisaron 4.500 litros”, dijo Guido Varela, presidente de la Asociación Nacional de Tenderos.

Los gremios criticaron la decisión de continuar con la ley seca y el toque de queda extendido hasta el próximo 12 de septiembre, cuando acabará el estado de excepción, y dijeron estar preocupados ante la posibilidad de que las alcaldías extiendan el periodo de restricciones cuando las urbes pasen a su control.

“Estas medidas han imposibilitado la reactivación de nuestros agremiados”, señaló Andrés Camacho, vicepresidente de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha.

Según Camacho, tras el anuncio de las medidas, el 88 % de los establecimientos de Pichincha ni siquiera han podido lograr un equilibrio económico, y que la mayoría de los locales han perdido el 70 % de sus ventas.

Con él concordó Nelson Calle, vocero de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, quien precisó que en su sector se han perdido más del 70 % de los puestos de trabajo. “Hemos hecho una fuerte inversión en protocolos de bioseguridad, pero de nada sirven si los clientes no pueden venir a nuestros locales”.

Según los datos más recientes, desde marzo hasta agosto, 940 restaurantes, bares y cafeterías han cerrado sus puertas a nivel nacional, el 40 % de ellos en Pichincha. A esta provincia les siguen Guayas y Azuay.

“Tenemos 140.000 familias que dependen de estos puestos de trabajo”, dijo Camacho. “Queremos que las alcaldías trabajen con nosotros para lograr una reactivación efectiva”.

Calle añadió que la venta ilegal de licor genera no solo problemas de salud a los consumidores, sino que afecta la recaudación tributaria del país.