Comienzan los cálculos. La reestructuración de la deuda ecuatoriana empieza a inquietar a actores del mercado internacional, quienes bosquejan algunos escenarios.

El pasado miércoles 8 de abril, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó que solicitó a los tenedores de los bonos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030 (que suman $ 17.000 millones), diferir el pago de los intereses hasta el 15 de agosto de este año.

Mientras tanto, hasta agosto, el Gobierno buscará renegociar, con los acreedores, nuevos términos que le permitan tener mayor liquidez en el mediano plazo. Es decir, cerca de cuatro meses. Hasta ese entonces, el Gobierno ya espera tener listo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que respalde lo acordado con los tenedores de bonos.

El consentimiento, según Finanzas, le daría a la caja fiscal una holgura de $ 811 millones para hacer frente a los gastos urgentes por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y el desplome de los precios del petróleo.

Ecuador ha ofrecido pagar una tarifa o incentivo equivalente a $ 0,50 por cada $ 1.000 de capital principal de los bonos a los tenedores de papeles que estén de acuerdo. El plazo para aceptar la propuesta vence el 17 de abril.

Si los tenedores de bonos no aprueban el pedido del Gobierno ecuatoriano será un evento de ‘default’, aseguró a EXPRESO Jaime Reusche, vicepresidente sénior de crédito de Moody’s Investors Service y analista soberano de Ecuador.

Tras el primer anuncio, del 23 de marzo pasado, de aplazar el pago de los intereses de los bonos 2022, 2025 y 2030, acogiéndose a un periodo de gracia legal, la agencia calificadora de riesgos Moody’s decidió bajar aún más la nota de la deuda ecuatoriana, el pasado viernes 3 de abril de 2020. La calificación pasó de Caa1 con perspectiva estable, a Caa3 con perspectiva negativa.

¿Qué pondría en el tapete de negociaciones Ecuador? Reusche cree que debido a la situación de liquidez actual que atraviesa el país, agravada por la crisis sanitaria del coronavirus, las autoridades de Gobierno pueden pedir una reducción de la tasa de interés o postergación de pagos.

Con ese posible escenario, Moody’s ha buscado calcular cuál será la pérdida para los inversionistas en el proceso de reestructuración y la agencia ya tiene una primera cifra: 35 % menos de lo que cuestan actualmente los papeles ecuatorianos.

En un comunicado enviado ayer a sus clientes, Siobhan Morden, estratega de renta fija para la región del broker de inversiones Amherst Pierpont Securities, señaló que existe una clara diferencia en las relaciones con los acreedores entre Ecuador y Argentina que aún no se refleja en los precios actuales de los bonos.

Morden añadió que Ecuador está buscando soluciones de compromiso viables en lugar de recortes agresivos y profundos en los reclamos de los tenedores de bonos.

La prueba, dijo Morden, será si Ecuador convence a los tenedores de bonos para que brinden alivio temporal hasta agosto mientras redactan una propuesta más exhaustiva sobre el perfil de la deuda y negocian otro programa con el FMI.

Para Edwin Gutiérrez, director de Deuda Soberana de Aberdeen Asset Management, un fondo de inversión de Inglaterra, es interesante que el Gobierno ecuatoriano solicite un breve aplazamiento (hasta agosto) del pago de intereses. Cree que se busca que la renegociación no se extienda al próximo Gobierno.