Este miércoles 19 de marzo de 2020, la agencia calificadora de riesgos Fitch redujo la calificación de la deuda ecuatoriana. La firma rebajó la nota de B- a CCC. 

En semanas pasadas, la agencia calificadora de riesgos Moody’s también rebajo la nota crediticia de Ecuador de B3 a Caa1. Mientas que Standard & Poor´s decidió mantener la calificación B-/ B con perspectiva estable. 

Fitch señala que la rebaja de las calificaciones de Ecuador a CCC refleja mayores riesgos para la capacidad de pago de la deuda luego de la fuerte caída en los precios del petróleo, la pérdida de acceso al mercado de capitales y los acontecimientos que obstaculizan el desembolso oportuno de fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. 

Según Fitch, el shock externo y los desafíos políticos locales a los ajustes fiscales han aumentado significativamente los riesgos para la sostenibilidad de la deuda, además del financiamiento. Las restricciones de liquidez han forzado la necesidad de ajustes de política que podrían volverse desordenados o provocar una acumulación de atrasos, con repercusiones económicas negativas. 

Según la agencia calificadora, la capacidad de pago y la buena disposición podrían verse sometidas a una mayor presión antes de un aumento en las amortizaciones de bonos en 2022, independientemente del resultado de las elecciones de 2021.

El shock externo ha complicado aún más la débil posición fiscal de Ecuador en 2020, después de un turbulento 2019, cuando las dificultades políticas y los disturbios sociales obstaculizaron los esfuerzos de reducción del déficit. 

Fitch proyecta un déficit del gobierno central de $ 4.200 millones en 2020 (4% del PIB), solo ligeramente por debajo de los $ 4.500 millones estimados en 2019, debido a que el impacto de los ingresos petroleros y la caída de la recaudación de impuestos en medio de una contracción económica compensó un aumento moderado de los ingresos de la reforma tributaria de 2019 y algunas de las medidas de ajuste anunciadas recientemente por las autoridades. 

La firma calcula las necesidades financieras totales de $ 9.100 millones, incluyendo el déficit del gobierno central, $ 3.300 millones en amortizaciones de deuda externa y $ 1.600  millones en amortizaciones de deuda doméstica (excluyendo las facturas y atrasos de 'Cetes' a corto plazo).

 Fitch estima que Ecuador enfrenta una brecha financiera de $ 3.500 millones en 2020, suponiendo la materialización completa de los fondos esperados del FMI y otros bancos multilaterales ($ 3.6000 millones), reinversión de bonos locales (en su mayoría mantenidos intra -públicamente) y el bono con garantía parcial de $ 400 millones emitido en enero. 

Las incertidumbres globales también aumentan los riesgos de que una concesión hidroeléctrica planificada (Sopladora) que se espera produzca alrededor de $ 700 millones en ingresos, puede no materializarse, lo que aumentaría el déficit y la brecha financiera.

La agencia sostiene que no está claro cómo Ecuador puede llenar esta brecha financiera. Se ha perdido el acceso al mercado de capitales, ya que la prima de riesgo o riesgo país ha aumentado por encima de los 3.000 puntos básicos. 

 as autoridades han dicho que están trabajando para asegurar $ 2.400 millones en fondos externos de fuentes no identificadas, pero esto no cerraría completamente la brecha de financiación, según las estimaciones de Fitch, y puede consistir en acuerdos de préstamos no convencionales con costos y términos opacos, como se ve en el pasado. Las preventas de petróleo podrían ser la opción más viable, dice Fitch.

Fitch espera que Ecuador pueda cumplir con los pagos del servicio de la deuda a corto plazo, incluidos $ 325 millones que vencen más adelante en marzo para el bono Global 2020. Se espera un acuerdo de recompra de $ 500 millones en el tercer trimestre, y otras reposiciones en los próximos años podrían presentar una necesidad de liquidez inmediata debido a las llamadas de margen resultantes del colapso en el valor de los bonos soberanos publicados como garantía. Mantenerse al día con los pagos de intereses adeudados por bonos externos ($ 1.700 millones en 2020) podría requerir recortes presupuestarios cada vez más difíciles y acumulación de atrasos.