Tocar el ahorro de los afiliados ha sido la alternativa más inmediata del IESS para resolver la iliquidez que le agobia (hasta diciembre -se ha dicho- se desinvertirán unos $ 1.500 millones). Esto, a pesar de que en sus cuentas haya hecho muy poco para resolver una importante fuga de dinero que, a diario, impacta sus fondos: los fideicomisos. Un mecanismo de inversión que, dentro de la entidad, fue concebido bajo el propósito de construir bienes inmuebles para venderlos y con ello generar nuevas rentas, pero que terminó cayendo en ilegalidades y pérdidas. En 15 años, el IESS no ha logrado recuperar $ 265 millones de lo que ha invertido y tampoco concretar sanciones o prisión para los funcionarios de alto nivel del sector público que habrían estado implicados en el desarrollo de estos proyectos. Ni tampoco está claro si alguna vez hubo ganancias.

El monto del dinero sin recuperar surge del cálculo que- por pedido de este Diario- ha hecho la actual administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), un valor que, sin embargo, está muy por debajo de los $ 468 millones que se fijan en un informe realizado en marzo pasado por la misma Subgerencia de Inversión del Biess, y al que EXPRESO tuvo acceso.

Es esta última evaluación la que hoy vuelve a sacar a la luz las irregularidades cometidas en esta modalidad de inversión, pero que ahora pone sobre la mesa el cuestionamiento de por qué, en todo este tiempo, las autoridades de la Seguridad Social no han podido subsanar estas negociaciones fiduciarias que, según estudios de la propia Contraloría General del Estado (CGE), cayeron en la violación de normas y en la omisión de supervisión. Esto, en beneficio de terceros dentro de un esquema en el cual ya ha habido leves sanciones, pero aún no se señalan a responsables directos.

Según datos del Biess, entre el 2005 y 2012 (gobierno de Rafael Correa) llegaron a constituirse 49 fideicomisos que han movido un total de $ 759,87 millones; de los cuales, se señala, 26 están paralizados o en proceso de liquidación. La cifra también es diferente a los 31 proyectos que se citan en el informe del Biess que, hasta el primer trimestre del año, exponía que algunos de los proyectos clave se desarrollaron entre el 2009 y el 2012, periodo en el que Jorge Wated (hoy actual presidente del Directorio del IESS) se desempeñaba como gerente de la CFN, entidad que actuó como administradora de 11 fideicomisos, y en el que Efraín Vieira fue gerente general del Biess.

¿Pero cómo y para qué nacen estos fideicomisos? y ¿por qué representan pérdidas para el IESS? Según los registros históricos, la trama empieza en el 2005, bajo la ambición del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de entrar al negocio de construcción y comercialización de obras (la mayoría inmobiliarias), a través del desarrollo de fideicomisos, un plan que inició violando normativas, pues el IESS, por ley, no tiene facultad de operar en el campo comercial. Está limitado a gestionar inversiones para hacer rendir los fondos de sus afiliados.

Así, desde los cargos de más alto nivel de la Seguridad Social se autorizaron obras sin reglamentos de operación, sin estudios eficientes que definan por qué proyectos se debía apostar, en qué lugares debían hacerse y bajo qué nivel de retorno. Un entramado que además de generar pérdidas a los asegurados del IESS sirvió de escenario para actos de corrupción.

Según se conoció, estos fideicomisos impulsaron la edificación de viviendas, oficinas, locales comerciales y edificios que siguen inconclusos, incluyendo a aquellos proyectos estratégicos donde también se tuvo una participación (como la edificación de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, una obra afectada por retrasos y sobreprecios).

Pero si bien la estrategia se aplica desde el 2005, esta sufre un giro en el 2009, año en el que el IESS solicita a la Corporación Financiera Nacional (CFN), gerenciada en ese entonces por Wated, actuar como fiduciaria o administradora del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo del Mercado Inmobiliario (Fiadmi), un ‘fideicomiso madre’ que, según fuentes del mismo banco que prefieren no ser citadas, sirvió de paraguas para depositar dinero, de forma irregular, en los demás fideicomisos que se fueron constituyendo.

Wated fue consultado por este Diario sobre el tema, pero derivó la responsabilidad de dar una entrevista a Diego Burneo, actual gerente general del Biess, entidad que, si bien proporcionó información, condicionó la entrevista a la entrega de los informes a los que EXPRESO tuvo acceso, entre ellos un documento público de Contraloría. Vieira, por su parte, también fue contactado, pero tampoco hubo respuesta.

Las denuncias están en manos de las autoridades desde hace tiempo. Fueron conociéndose desde el 2013, año en que la Contraloría fue realizando sus primeras auditorías. Siete años después, información del organismo de control desvela que, en este caso, ya se han emitido glosas, sanciones administrativas y órdenes de reintegro de dinero, pero solo en contra de autoridades de mandos medios. La inversión sigue sin recuperarse y, hasta el momento, no ha habido castigo para los involucrados directos en este caso.

Esto pese a que un informe oficial reservado, hecho público en junio pasado por la revista digital PlanV, habla de que en el IESS, a través de estos fideicomisos, funcionó una red de corrupción desde el más alto nivel que incluso llegó a otorgar créditos directos a constructores que guardaban relaciones familiares, comerciales y empresariales con funcionarios del IESS y del Biess. Estas vinculaciones, según se indicó, fueron reportadas en el 2015 a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Este Diario, a través de un trámite complejo, consultó sobre el tema al Centro de Inteligencia Estratégica (que reemplaza a la Senain), pero alegó que sus informes son de carácter reservado. No obstante, no justifica por qué este tema, que implica el uso de recursos públicos de los afiliados, se mantiene bajo tal clasificación.

Pese a estos, tal irregularidad se evidencia en una sanción administrativa que en el 2013 impuso la Superintendencia de Compañías a la CFN. Allí se detalla una multa de $ 15.000, luego de que el ente considerara como “muy grave” que el Biess, a través del Fiadmi y el Fiaidsi (otro fideicomiso creado para obras industriales), entregara recursos en calidad de préstamos a personas naturales y jurídicas del sector industrial y de la construcción para llevar a cabo proyectos de desarrollo industrial e inmobiliario, operaciones para las cuales, confirma, “no se encontraba facultado a realizar el Biess, contrariando disposiciones legales y reglamentarias de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria”. Adicionalmente dijo haber hallado indicios de que existió una situación de “conflicto de interés al administrar fideicomisos relacionados entre sí”.

Sin embargo, poco o nada se habla de esto. Tampoco se sabe en qué resultarán las ocho denuncias que, según el Biess, ha presentando en la Fiscalía respecto a este tema.

• EL 78% SIGUE SIN RESOLVER TRABAS LEGALES; EL 63% TIENE PROBLEMAS FINANCIEROS

El desafío de subsanar el portafolio de inversiones que, con los años, ha venido ejecutando el IESS, debe iniciar por la tarea de transparentar las cifras y el verdadero estado en que está cada uno de los proyectos. Este es un trabajo que la Superintendencia de Bancos demuestra haber iniciado y, en este proceso, ya hay una primera inconsistencia. Mientras el Biess fija en 49 el universo de fideicomisos en estudio, la Superintendencia habla de 55.

Al menos ese es el espectro sobre el cual el organismo ha decidido poner su lupa, dentro de una supervisión que inició para conocer el estado actual de estas inversiones. El estudio tiene como fecha de cierre diciembre de 2019, pero fue presentado internamente a inicios de este mes. En el documento, al que EXPRESO tuvo acceso, el ente de control lanza su primera impresión: “El banco no conoce la situación real de los fideicomisos”. No obstante, tras agrupar y consolidar los aspectos financieros, legales, técnicos y comerciales más relevantes, logra determinar que, hasta el 2019, el 63,6 % de estos proyectos registraba problemas financieros originados en constantes demoras en la entrega de los aportes, situación que causó iliquidez y no les permitió cumplir con sus obligaciones contractuales. También que el 78,2 % aún mantiene problemas legales relacionados, entre otros aspectos, en contratos que fueron observados por la Superintendencia de Compañías; escritura de constitución de fideicomisos mercantiles en proceso de reforma; la falta de registros contables de las garantías aportadas; fideicomisos no inscritos en el catastro del Mercado de Valores y demandas de prominentes compradores.

El 12,7 %, se dijo, no cuenta con información, por lo que se desconoce el estado de los mismos; un 74,5 % tiene problemas técnicos y el 67,3% tiene trabas en la fase de comercialización por causas como el incremento del precio de venta.

• LA CONTRALORÍA SANCIONA PERO NO A DIRECTIVOS. 

La Contraloría General del Estado (CGE) ha realizado siete exámenes especiales a los fideicomisos del IESS/Biess, para indagar las irregularidades cometidas en la ejecución de proyectos, dentro del periodo comprendido entre el 2011 y 2017. Un proceso que incluyó varias auditorías que, hasta el momento, han desembocado en una sanción por $ 2,7 millones, en contra de funcionarios que estuvieron a cargo de la ejecución de estos proyectos. De ese monto, $ 2’652.705 corresponden a 33 órdenes de reintegro; $ 85.914 a 36 sanciones administrativas y $ 36.170 a 18 glosas.

Este Diario intentó analizar este tema con Pablo Celi, contralor general del Estado, pero hasta la fecha no fue posible. Sin embargo, se pudo conocer que estas sanciones fueron emitidas en contra de subsecretarios, directores, coordinadores, administradores, asesores, representantes legales, contadores, tesoreros, analistas y demás mandos medios que se encargaron de desarrollar estos fideicomisos.

En el listado de funcionarios sancionados, por ejemplo, no aparecen gerentes o presidentes de los directorios ni del Biess, ni del IESS. Tampoco de las principales cabezas de las fiduciarias que actuaron como administradores de estos proyectos. Esto pese a que la Contraloría en su examen especial, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2016 atribuye irresponsabilidades a gerentes generales, gerentes de inversión que formaron parte de las Juntas de Fideicomisos.

En muchos casos se los acusa de no dar “seguimiento a lo resuelto en la referida Junta, con relación a la transferencia de recursos al Fideicomiso por parte del Fiadmi” y de no dar “atención a las comunicaciones remitidas por los Administradores Fiduciarios”.

En sus auditorías, la Contraloría también señala que muchos de estos proyectos no llegaron a su punto de equilibrio, que no es otra cosa que cumplir con el conjunto de condiciones legales, técnicas y financieras, cuyo respectivo control permite iniciar la ejecución de cada una de las etapas del proyecto inmobiliario.