El presidente de la República, Guillermo Lasso, deberá buscar reemplazo para dos de sus candidatos a las Juntas Monetaria y Financiera.

El 27 de agosto pasado, el Ejecutivo envió los candidatos a la Asamblea Nacional para que sean aprobados.

Las personas que buscan conformar la Junta de Política y Regulación Monetaria son: Pablo Andrés Guerrón Quintana, María Paulina Vela Zambrano y Gustavo Paúl Solórzano Andrade. Mientras que para la Junta de Política y Regulación Financiera los candidatos de Lasso son: Galo Mauricio Valencia Stacey, Rosa María Herrera Delgado y Marcos Giovanny López Narváez.

Fuentes del Gobierno mencionaron a EXPRESO que Solórzano Andrade y Valencia Stacey declinaron de ser parte de las Juntas. El Pleno de la Asamblea tiene 15 días laborables, es decir hasta el 17 de septiembre, para aprobar o rechazar a los candidatos del Ejecutivo. Por ahora, todavía no hay nombres de los reemplazantes.

Para ser parte de esos organismos, los funcionarios propuestos deben acreditar experiencia en los campos monetario y financiero, pero no pueden haber sido parte del sistema financiero como accionistas en los últimos cinco años. Otro requisito es que tampoco deberán haber sido directivos de entidades financieras privadas en los dos últimos años.

La conformación de las Juntas se da para cumplir con la disposición de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, que fue aprobada en abril de este 2021.

Esta ley estableció que la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se divida en la Junta de Política y Regulación Monetaria, encargada de formular la política monetaria para que el Banco Central del Ecuador la instrumente; y la Junta de Política y Regulación Financiera, que establecerá la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores.

Las dos Juntas serán parte de la Función Ejecutiva y cada una estará conformada por tres miembros, que serán profesionales técnicos con amplia experiencia en los ámbitos de su competencia y sin conflictos de intereses, señaló el Ministerio de Finanzas.

Además, la nueva Junta Monetaria deberá ratificar o nombrar al gerente del Banco Central del Ecuador (BCE).

Un tema clave que tendrá que resolver la Junta Financiera es, en cambio, el ajuste a la metodología para definir las tasas de interés.

El gerente del BCE, Guillermo Avellán, señaló a este Diario en semanas pasadas que la nueva metodología estará basada en cinco criterios técnicos. El primero es el costo del fondeo o el costo de financiamiento de las instituciones financieras. El segundo es el costo del capital, es decir la rentabilidad de los propietarios. El tercero son los costos fijos de las instituciones. El cuarto son los costos operativos variables. Y el quinto es el riesgo crediticio del cliente. La idea es que aquellas personas que ya tienen acceso a crédito y un historial crediticio, dispongan de acceso a tasas más competitivas porque las entidades financieras ya conocen a esos clientes.

Uno de los objetivos de revisar las tasas de interés es impulsar la entrega de créditos. Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), hasta agosto de 2021 la cartera de crédito alcanzó los $ 31.509 millones; esto es un crecimiento del 10,1 % respecto al monto alcanzado en agosto de 2020, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos. Mientras que los depósitos suman $38.527 millones, lo que representa un aumento del 12,5 % frente a 2020.

Si se compara con el mes de julio, la cartera de crédito creció $ 545 millones (1,8 % de incremento). Se trata del duodécimo mes de crecimiento mensual consecutivo.

A agosto la cartera de la banca privada muestra que el 61 % de los créditos corresponde a operaciones otorgadas al sector productivo y el 39 % para el consumo.

Además, otra de las medidas que se ha anunciado desde el BCE es la revisión de los costos de los servicios financieros. Para ello, dijo Avellán, se conformará una mesa de trabajo que va a implementar el Banco Central para “transparentar los costos de los servicios financieros”. Además de eso, se busca implementar reformas integrales que se van a trabajar desde la Gerencia de Programación, y se harán estudios que se pondrán en consideración de la Junta Financiera, que estará encargada de los servicios.