Las alarmas han vuelto a prenderse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero el grito de advertencia de inestabilidad esta vez va dirigido al nuevo Gobierno. Ni bien se posesione una de las tareas urgentes será resolver el pago estatal de $ 2.655 millones que la entidad requiere para completar su presupuesto de este 2021( $ 8.908 millones), no hacerlo pondría a la entidad en riesgo de iliquidez a fines de este año y agravaría un problema de solvencia (el fondo de pensiones se quedaría sin ahorros) que estallaría en el 2023. 

La advertencia surge de la misma institución, sobre todo porque en el Presupuesto General del Estado (PGE) prorrogado para este año, existe el compromiso por cancelar solo $ 1.532 millones; es decir, un    57,7 % de las obligaciones fijadas hasta diciembre.

El escenario      queda sincerado luego del informe público que el jueves pasado, Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo Directivo del IESS, presentó dentro del proceso de transición de gobiernos. Se trata de una situación complicada (a los haberes de este año hay que sumar una deuda acumulada de más de $ 5.000 millones por incumplir otros pendientes como los aportes del 40 % que por ley el Estado debe hacer para asegurar las pensiones jubilares) que de no resolverse, dice Tamayo, en dos años la institución no tendrá cómo respaldar el pago de pensiones. Dicho de otra manera, para esa fecha la entidad ya se habría comido todos los ahorros del fondo de pensiones (a febrero de este año había $ 6.158 millones) y ya no tendría qué vender para retribuir a los jubilados.

Esto ya fue advertido el pasado 23 de abril por el Banco Mundial. Hoy,    la actual administración lo admite y acepta que, por ahora, el principal plan para seguir cubriendo el déficit y no dejar de atender a los asegurados es seguir desinvirtiendo. Si el nuevo Gobierno no se pone al día, del fondo de pensiones se tendría que sustraer $ 2.000 millones y del fondo de salud, $ 450 millones.

Pero no son los dos únicos fondos que están en riesgo con el impago estatal del 40%, Tamayo hizo mucho énfasis en las dificultades que el IESS también tiene para cubrir el seguro Campesino, una cobertura que no podría ser posible sin el subsidio público. “El seguro campesino recauda anualmente $ 12 millones pero su gasto es de $ 220 millones”.

Por lo tanto, urge que el próximo Gobierno y quien tome la posta en la administración de la entidad busquen los mecanismos para alimentar este y otros fondos y hacer que se sostengan en el tiempo. Igual estrategia, dijo, se debe aplicar para garantizar el pago de décimos en las pensiones y la cobertura de salud a menores, hasta ahora sin fuente de financiamiento.

Al nuevo Gobierno no solo se le heredan problemas. En curso están los estudios actuariales, con corte a diciembre de 2020, que    arrojarán un panorama más real, para poder aplicar nuevas reformas. A ello se añade un plan de ajuste de gastos internos de la entidad, motivado sobre todo por una    reestructuración de servidores, prevista para ejecutarse en 18 meses.

• PARA SABER

FALTA DE PAGO. Han transcurrido casi 5 meses del 2021, pero el Gobierno no ha desembolsado un centavo de los $ 2.655 millones que debe pagar al IESS este año. Los directivos esperan un desembolso de $ 918 millones dentro de este último mes de administración.

MENOS INGRESOS. Una mayor desafiliación (que este año resta ingresos por $ 700 millones) y los impagos del Estado están obligando    a la entidad a desinvertir sus ahorros. Para este año se espera una desinversión de más de 2.000 millones de dólares.

PENDIENTES. La actual administración del IESS intenta dejar encaminados algunos pendientes. Entre ellos, acuerdos financieros con el Gobierno y el avance de    estudios actuariales que servirán de brújula para la toma de nuevas decisiones.