Desde hace casi tres semanas, Guayaquil y otros cantones adyacentes lucen más libres. La etapa de desconfinamiento, después de más de dos meses de encierro, llegó y a partir de entonces el dinamismo se tomó las calles: más carros circulando, vendedores en cada esquina, más gente transitando o haciendo trámites. Ya se puede ir a la peluquería, a tomar café, a comer a algún restaurante...

Pero esa aparente reactivación mantiene aún con las luces apagadas a negocios y empresas que, siendo más grandes y acatando con rigor todas las pautas de prevención, aún tienen en penumbra su labor. Ni los cines, ni los gimnasios ni los despachos de abogados o de arquitectos o las grandes oficinas han recuperado su espacio. El desequilibrio castiga a los más precavidos.

No hay quien discrepe en que evitar riesgos para los trabajadores o los clientes es la prioridad, pero hay normas estrictas y a veces poco técnicas que, dicen, les obligan a operar a media llave y a pérdida.

El cambio de semáforo a amarillo, más que una ayuda, ha significado una presión para los trabajadores de MoroGrill. Hace dos semanas abrieron para atender al público, pero en vez de ganancias han recibido facturas para cancelar la renta del local. “Ese es uno de los principales problemas con los que arrancamos: cambia el semáforo y los dueños del lugar empiezan a exigirte un pago sin tener en cuenta que aún estamos sin recuperarnos”, dice Francesca Ferrero, dueña del restaurante, que hoy apenas alcanza el 25% de las ventas que tenía antes de la pandemia. Una tendencia que, sostiene, viven la mayoría de negocios de comida de la provincia.

Como presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, le ha tocado coordinar la apertura de los locales. Pero es poco lo que se ha podido hacer a favor cuando las directrices han estado al mando de cada Municipio, cada uno manejando sus propios criterios y normas, y muchas veces -se queja- sin sentido técnico. “Por ejemplo, en Samborondón la pistola para la toma de la temperatura no es obligatoria, pero en Guayaquil sí. Las distancias también varían. En Guayaquil te exigen que las mesas sean de 1,20 x 1,20 m, pero las mesas que se emplean en nuestro sector miden 70 x 70. Te piden que se sienten en diagonal, que se respete el aforo del 30 %; y si quieres mejorar el aforo, llenes con acrílico el lugar, esto cuando lo que se recomienda es tener espacios con mayor flujo de recirculación de aire”, detalla Ferrero.

Las normas de distanciamiento son necesarias, reconoce. Sabe que el virus no se ha ido y que se debe cuidar a los clientes, pero considera que las reglas deben ser más flexibles y adaptadas a cada necesidad. “En amarillo tenemos la obligación de cerrar a las 8 de la noche, pero perdemos mesas. La gente está acostumbrada a comer a las 10, a esa hora nosotros hacíamos hasta el 20 % de la facturación del día. Extender el horario sería un respiro o que nos dejaran trabajar los domingos, un día de alta demanda”, exhorta esta emprendedora, quien enfatiza lo injusto que pueden llegar a ser estas restricciones cuando afuera poco se controla, muchas personas no cumplen el toque de queda o cuando en la metrovía o buses no se guarda distancia.

A media llave también trabajan otras empresas como aquellas que ofrecen servicios profesionales, como los bufetes de abogados, las que prestan capacitación o asesoría tributaria. Si bien la mayoría de estos últimos negocios se ha adaptado bien con el uso de plataformas digitales para atender a sus clientes virtualmente, hay unos que se plantean qué hacer con el espacio subutilizado y que, durante un tiempo desconocido, no podrán aprovechar. Jhon Hidalgo, gerente de TaxCorporate, cuenta lo costoso que le resulta. Solo el pago del alquiler de oficinas le representa 4.000 dólares mensuales, una cantidad alta si se toma en cuenta que el nivel de ingresos no es el mismo. En el caso de ellos, el 40 % de la facturación provenía de la capacitación, pero con el actual semáforo eso aún no es posible. “Nos ha tocado reinventarnos haciendo webinar, pero no es lo mismo. Antes por estos eventos la gente se motivaba a pagar más por la infraestructura, por el almuerzo, la atención que se les daba. Ahora ya no utilizo hoteles ni pago al catering. La pérdida es en cadena”, explica.

Un bajo desempeño también se observa en sectores como la construcción, uno de los primeros en trabajar en la reapertura. Algunas obras han podido retomarse parcialmente; otras simplemente siguen paralizadas. El primer paso de reactivación se ha dado y eso fue bueno, opina Virgilio Gonzenbach, presidente de la Constructora Covigon, pero ahora se debe trabajar en cómo se dinamiza el mercado. En su caso, dice, lleva casi tres semanas sin poder avanzar en su proyecto inmobiliario Altos del Norte, en Guayaquil, no porque no tenga autorización sino por la falta de insumos: unas cubiertas diseñadas que un fabricante no ha podido proveer. “Las empresas necesitan producir, pero se está rompiendo la inercia por la cadena... Nos hemos acostumbrado a estar encerrados y reiniciar cuesta, pero hay que romper esa inercia mental”.

Igual opinión tiene Ferrero. La vía, opina, no es encerrarnos, sino sacarle el miedo a la sociedad. Educando más a la gente, fortaleciendo lo básico: “desinfectarse, lavarse más las manos y usar en todo momento mascarilla”. Solo así se evitará que más empleos se pierdan y la crisis sea mayor. El Gobierno ya ha estimado que las pérdidas económicas tras más de 70 días de confinamiento ascienden a $ 15.863 millones.

• LA RECUPERACIÓN TOMARÁ MÁS DE UN AÑO

 No hay receta única para que los negocios vuelvan a reactivarse con garantías de tener ventas sin afectar la salud de las personas, pero los protocolos que se toman para esto no necesariamente deben ser generales. Estos requieren protocolos a la medida de cada sector, esto es lo que ayudaría a acelerar la recuperación.

Así lo cree Juan Domínguez, director de investigaciones de la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), quien asegura que mientras más tarde se dé este proceso, mayores impactos habrá en la informalidad y el empleo. Lo advierte citando las cifras que ha publicado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que estiman que en América Latina y el Caribe se pueden llegar a perder hasta 17 millones de trabajos adecuados y que el nivel de informalidad puede llegar al 62 %.

Ecuador, siendo un país muy proclive a generar emprendimientos por necesidad (su tasa es del 42,3 %, por encima del 26 % los países desarrollados), corre el riesgo de caer en este mercado informal, dice, donde se crean pocas oportunidades.

Y el escenario preocupa. Según un estudio de la Espae, el 21 % de las empresas del país tardarán más de un año en recuperarse, si se asume que estas han vuelto a operar en el mercado con una disminución del 50 % de sus ventas. Es la conclusión que se halla tras analizar los estados financieros de más de 30.000 compañías, con corte al 2018.

Domínguez recomienda al Gobierno ayudar a los negocios que se van reinsertando, con la misma visión de importancia que se dio a las industrias estratégicas como las camaroneras y las bananeras, que bajo autorización y medidas de seguridad nunca pararon.

Esta vez la clave, defiende, está en inyectar crédito con mejores condiciones, tanto en tasas como en plazos. Eso ayudaría a fomentar la producción y a levantar el consumo de los hogares, que hoy representa más del 60 % del PIB.