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El evento se realizó en la Universidad SEK, al norte de Quito.Cortesía.

El contrabando golpea al sector textil y tabacalero

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 10 % y 12 % de cigarrillos que se consume en el mundo son de origen ilícito. Este fue uno de los datos que se destacó durante el foro Hacia un Ecuador sin Contrabando organizado por la Universidad Internacional SEK y que contó con la participación de la ministra de Gobierno,  María Paula Romo, la directora de Aduanas, María Alejandra Muñoz,  y representantes de la industria privada que se han visto afectados por esta creciente problemática. 

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Según un estudio realizado por la firma MS Intelligence, a diciembre de 2018, el 70,9 % de cigarrillos consumidos en el país fueron de contrabando, es decir, siete de cada 10. De esta manera, Ecuador se ha convertido en el segundo país con mayor incidencia de comercio ilegal de cigarrillos en América Latina, solo después de Panamá. De acuerdo con cifras de la consultora KPMG, la incidencia de contrabando de cigarrillos en América Latina es 15,6%, con lo cual Ecuador supera con creces esa cifra. 

Esto ha generado que, entre 2015 y 2019, la pérdida para el país por recaudación de impuestos gravados a este producto haya sido de $ 832 millones, por concepto del Impuesto a Consumos Especiales (ICE), exclusivamente. Si el nivel de contrabando se mantiene en 70,9%, en base a estimaciones de la industria tabacalera, el Estado dejaría de recaudar este año, $ 260 millones adicionales. 

En el caso del sector textil también se registran pérdidas y ha afectado al empleo. Según cifras de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), más de 12.000 personas perdieron su trabajo el último año en el sector. 

En las inversiones también el sector ha experimentado una contracción. En 2018 la industria invirtió $ 52 millones en maquinaria y el año pasado la cifra se achicó a $ 38 millones. Es decir, una contracción del 27 %.  

Ambos sectores instaron a las autoridades a aplicar controles más fuertes para reducir el ingreso de mercancía ilegal que afecta al fisco y al consumidor.