Entre el centenar de grandes deudores de la CFN no solo existen empresas. En la lista, publicada por la entidad con el afán de transparentar las dificultades de cobro de 400 millones de dólares en créditos, también constan los nombres de 16 personas naturales que recibieron préstamos por más de $ 30,5 millones, dinero que hoy se busca recuperar a través de juicios coactivos.

Según información de la Corporación Financiera Nacional (CFN) a la que tuvo acceso EXPRESO, estas personas adeudan entre $ 1 millón y $ 4 millones cada una, cantidades que según la actual administración del banco, al igual que lo concedido a empresas, fueron otorgadas por administraciones pasadas (entre los años 2014 y 2019) sin los suficientes requisitos técnicos y sin medir el riesgo.

“Yo no me explico cómo es que a una persona le llegaron a prestar millones de dólares, sin que hubiera un proyecto que sustente (...) de dónde va a salir el recurso para pagar”, reflexiona Iván Andrade, presidente del banco estatal, que desde el año pasado, a partir de su gestión, viene impulsando juicios coactivos para emprender el cobro. Esto, luego de que las posibilidades normales de pago se agotaran, tras procesos de reestructuración de deudas, novaciones y facilidades empleadas en la mayoría de casos, dice.

Este Diario recurrió a Internet y guías telefónicas para intentar contactar a este grupo de personas, para conocer las condiciones en que recibieron estos recursos y sus posibles problemas de pago, pero no todos registraban números. En el caso de los que sí los tenían, resultaron ser números fallidos o no atendieron la consulta.

Según información de la CFN, estas 16 operaciones registran un total de $ 58,9 millones en garantías. No obstante, aún está por verse si las prendas que tienen (terrenos, bienes inmobiliarios, equipos o prendas industriales) tienen avalúos reales y si no se han devaluado con el tiempo.

Roberto Palacios, gerente de la consultora financiera Afines S. A. y catedrático de la Espae (Escuela de Posgrado de Administración de Empresas, de la Espol), señala que la garantía solo es un respaldo. El crédito no se otorga con el objetivo de recuperarlo en el futuro con activos que podrían perder valor por circunstancias no controladas. Coincide con Andrade en creer que el verdadero problema de esto se remonta a la falta de control que pudieron haber tenido administraciones pasadas, que fallaron al asegurarse de que los potenciales deudores tenían las suficientes fuentes de repago. La acción mínima que debió ejecutarse, dice Palacios, es la evaluación de la capacidad de pago del prestatario. De ahí “que puede concluirse que pudo haber una falencia natural en la aplicación de buenas prácticas para el otorgamiento de créditos, o que se entregó (dinero) por inducción de intereses”.

Pero esa precaución no existió. Al menos no para revisar lo más básico de la condición financiera de estas personas, como su cumplimiento en el pago de impuestos. Según la data del Servicio de Rentas Internas (SRI), existen personas que vienen declarando $ 0 en tributos desde el 2003 y otras que en otros años ni siquiera han presentado declaración (ver gráfico).

La norma interna de la entidad, admite Andrade, en su momento no planteó ninguna prohibición para dar créditos millonarios a personas naturales, pero él se pregunta si “los bancos privados habrían dado esos montos de dinero a título personal”. En un contexto en el que la tasa de morosidad crecía a raudales, dice, se debió tomar algún tipo de precaución. “Cuando hablamos de créditos de esas dimensiones, siendo un banco estatal de desarrollo, uno debería apoyarse de una personería jurídica, organizativa”, que transparente y verifique las operaciones que realizan los potenciales deudores.

• INVESTIGACIÓN. La Asamblea pedirá  cuentas a los exfuncionarios del banco

La reciente paralización indígena trastocó la agenda y los objetivos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Incluso los procesos de investigación relacionados a la irregular entrega de créditos que hoy afectan las cuentas de la CFN.

Fernando Villavicencio, presidente de la comisión, señaló que en quince días prevén finalizar la etapa de recepción de documentos.

“Hemos solicitado y hemos recibido ya gran parte de información de la CFN, pero también hemos solicitado data a las empresas y a los representantes que allí aparecen, así como a las instancias de justicia, para conocer el detalle de los procesos de coactiva que están en curso”.

Añadió que después de este trabajo se establecerá un calendario de comparecencia, tanto de las exautoridades vinculadas a la adjudicación de estos créditos cuestionados, como de los representantes de las empresas o personas deudoras.

• PARA SABER. 

Cartera. La CFN lucha por recuperar  $ 481 millones, de los cuales el 90 % se concentra en obligaciones que tienen 94 grandes morosos (con más de $ 1 millón en deudas).

Grandes morosos. Del total, 11 compañías concentran los mayores montos impagos (son el  40 % de esa cartera), con cifras que van de 7 millones a casi 50 millones de dólares. Hotel Sail Plaza Manta, que adeuda $ 42,1 millones, encabeza ese ranking.