En caso de que el Gobierno ecuatoriano reduzca el precio de los combustibles, probablemente se necesitaría una renegociación del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró el banco de inversiones Barclays, en un reporte publicado el 24 de junio de 2022.   

Uno de los 10 pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quizás el más complejo, es congelar los precios del diésel en $ 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a $ 2,10. Actualmente, el precio de la ecopaís y la extra está congelado en $ 2,55. En el caso del diésel, el valor está en $ 1,90.

Al no requerir financiamiento adicional en el futuro cercano del FMI, la situación podría ayudar en la negociación potencial, asegura la firma multinacional. 

Pese a las manifestaciones, el Fondo ha mantenido la confianza en la continuidad del acuerdo con Ecuador. El pasado viernes 24 de junio, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la cuarta y quinta revisión combinadas del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador, lo cual permite el desembolso de $ 1.000 millones. 

Una reducción del precio de los combustibles implicaría dar un paso atrás en uno de los ajustes estructurales clave del programa, aseguró Barclays. 

Aunque podría ser asequible a corto plazo debido a las ganancias inesperadas del petróleo, es posible que se necesiten nuevas acciones para compensar a largo plazo, dice la firma. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, considera inaceptable aumentar el precio de los combustibles; por lo tanto, existe el riesgo de que se vaya si se adopta la medida, concluye Barclays. 

Congelar los precios de los combustibles a los valores que señala la Conaie le costaría al fisco $ 1.047 millones al año, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

En principio, el gobierno tiene espacio fiscal para hacer algunas concesiones sin sacrificar el proceso de consolidación fiscal. Podrían implementarse mayores transferencias, programas sociales, préstamos e inversiones en infraestructura por alrededor de $ 1.000 millones, y el sector público aún tendría un superávit este año y el próximo.