Estar un mes en confinamiento no solo ha significado vivir en tensión y en constante tristeza por las escenas de muerte que deja a su paso el coronavirus. Su efecto también ha tenido repercusión en la caja de las empresas y por ende en el bolsillo de los ciudadanos que, por estos días, tienden a vivir con lo justo y, aún así, sin poder evitar que sus deudas sigan creciendo.

El problema es general y por ello el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, crea un capítulo especial para delinear las reglas que, de aprobarse permitirían saldar todo tipo de obligaciones.

En el capítulo V, artículo 29, se menciona que las sociedades mercantiles y/o las personas naturales que se dediquen al ejercicio de actividades comerciales podrán acogerse al procedimiento. Allí se indica que quienes tengan saldos pendientes podrán firmar con sus acreedores concordatos de carácter excepcional, mediante los cuales se establecerán condiciones, plazos y la reducción o reestructuración de las obligaciones pendientes, de cualquier tipo de naturaleza. Estos contratos, menciona la propuesta que aún debe ser analizada y aprobada por la Asamblea, “tendrán fuerza de sentencia y serán oponibles a terceros, salvo a aquellos casos que por sentencia se declare existencia de hechos lícitos o ilícitos que vicien la voluntad de los acreedores al momento de la suscripción del convenio”.

Para refrendar su legalidad el deudor previamente deberá realizar una declaración juramentada ante un notario público donde se detalle todas sus obligaciones, así como la identificación clara y completa de todos sus acreedores, dentro del plazo de tres años contados desde la publicación de esta ley en el Registro Oficial. Otorgada la declaración, el deudor convocará a todos sus prestamistas para dar a conocer los términos de dicha declaración, de haber un acuerdo, se firmará el concordato.

La propuesta, dice Francisco Alarcón, director del Centro de Mediación Empresarial (CME), es interesante porque representaría una alternativa más para que las partes lleguen a un acuerdo. La variación que se presenta allí, destaca, es que se trata de un convenio integral, entre el deudor y todos sus acreedores “y eso no está nada mal”. El concepto es bueno, pero el riesgo, dice, son las trabas que pueden surgir en el proceso, si se toma en cuenta que las notarías no están del todo funcionando. “Ahora mismo no creo que están operativas para este tipo de declaraciones; entonces habría que empatar el deseo de la ley, con la realidad que hay (o habrá con procesos acumulados) en las notarías”.

De ahí que los centros de mediación autorizados, como el que dirige, también representan una opción. Estos, explica, también funcionan bajo un régimen legal y la negociación incluso puede llegar a ser mucho más ágil, porque pueden resolver virtualmente. Lo atractivo de esto es que, lo que se negocia, llega a tener una fuerza jurídica tan fuerte, dice, “que el acreedor también se queda más tranquilo sabiendo que el deudor tiene consecuencias importantes en caso de no cumplir su compromiso, porque puede acudir ante un juez con el acta de mediación para su ejecución”.

Hacerlo de forma directa (sin mediación) es posible, pero tiene sus riesgos. “Si el acreedor tiene plena confianza de la solidez financiera de quien le debe y puede llegar a un acuerdo directo y verbal está en absoluto derecho. Lo que pasa es que si no le cumplen se quedará con muy pocas herramientas para cobrar”. Un tema que puede terminar en problemas judiciales y costos legales sumamente altos.

Acumular pasivos es cada vez más proclive en un escenario, en el que los ecuatorianos están teniendo menos ingresos. Según una encuesta realizada este mes por la investigadora de mercado, Focus, en esta cuarentena al menos el 71 % de personas no estaría percibiendo ingresos, el 15,8 % asegura tener menos recursos que antes y el 65,4 % declara ya no tener ahorros.

Para los obligaciones que se pueden ir cubriendo (sin mediación), los expertos financieros recomiendan trazar un esquema que en la posterioridad les permita cumplir con los pagos a los que se comprometen. Jorge Cadena sugiere primero estar conscientes de que la situación actual podría demorar más tiempo. Por esta razón, dijo, se debe aplicar una “economía de guerra” en la familia y tratar de ajustar todos los gastos, como el arriendo del inmueble. Pedir una rebaja sustancial del arriendo será clave. Un ajuste del 50 % no sería descabellado. Sonia Zurita, por su parte, recomienda, en la medida de lo posible, dar prioridad a las deudas que tienen el mayor costo financiero, por las tasas de interés que conllevan. De acumularse podrían empeorar la situación.

• LOS ASAMBLEÍSTAS VAN CON APERTURA AL DEBATE 

Ya con los textos en la mano, el primer ánimo dentro de la Asamblea Nacional es de apertura y de no descartar cualquier modificación a los proyectos de Ley de Apoyo Humanitario para Combatir el COVID-19 y de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, presentados por el Ejecutivo para afrontar la crisis y pos crisis por el nuevo virus.

Luis Pachala, legislador del movimiento CREO, reconoce que es prematuro hablar de modificaciones puntuales a los textos, pero adelanta que existen aspectos positivos que aglutinarán el apoyo de los asambleístas y otros que requerirán “perfeccionarse”. “Analizaremos los proyectos y entre martes y miércoles tendremos una postura de bloque sobre los textos”, adelantó el también integrante de la Comisión de Régimen Económico del Legislativo, en la que recayó el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas para su debate (ver nota adjunta).

El presidente de dicha mesa, Daniel Mendoza, cree que los dos proyectos son importantes. Sin embargo, adelanta, que lo que concierne al proyecto que modifica el Código de Planificación y Finanzas Públicas hay que ser minucioso en garantizar de que no se permita un manejo “irresponsable” de los fondos de los ecuatorianos. “Ambas medidas tendrán un proceso abierto y de mejoramiento en la Asamblea”.

La también legisladora del bloque de SUMA, Gabriela Larreátegui, asegura que la postura de su bancada nunca ha sido la de obstaculizar un proyecto de ley, y que esta no será la excepción. “Cuando el presidente dice ‘si no van a ayudar, no estorben’, nuestra postura nunca ha sido esa”. AAE

• A COMISIONES SEPARADAS

El Consejo de Administración Legislativa resolvió derivar los dos proyectos de ley del Ejecutivo a dos comisiones distintas. La Ley de Apoyo Humanitario para Combatir el COVID-19 va a la Comisión de Desarrollo Económico, mientras que la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas va a la de Régimen Económico.