Era 2018. La guayaquileña Paola Contreras se había quedado sin trabajo, tras quince años de labores. Decidió invertir su liquidación en lo que parecía una apuesta segura: los bienes raíces.

Con un crédito bancario y una entrada en efectivo, la ingeniera comercial de 48 años adquirió una casa en el sector de La Kennedy del Puerto Principal. La vivienda se transformó en dos departamentos que de inmediato adaptó para alquilar a través de la plataforma digital de alojamiento Airbnb.

“He tenido excelentes resultados. Por lo general, están llenos unas tres semanas de cada mes, y con ese dinero pago las mensualidades del préstamo del banco”, explica.

Al igual que ella, cientos de ecuatorianos cuentan con una o más propiedades de alquiler en este servicio virtual. En concreto, según datos de la compañía norteamericana, 21.000 inmuebles del país sirven de alojamiento, entre casas, departamentos y habitaciones. Tienen una gran acogida. Solo entre enero de 2019 y febrero de este año, 360.000 personas se hospedaron en Ecuador por medio de esta modalidad.

Pero al igual que el sector turístico y hotelero, la emergencia sanitaria también ha mermado los ingresos de los propietarios de estos alojamientos, que para muchos son su único sustento en medio de una recesión económica.

“Cuando empezaron las restricciones, se me cancelaron todas las reservas”, recuerda Christian Malo, propietario de dos inmuebles en la Ruta del Spondylus. “Estábamos en plena temporada, con vacaciones encima. Tenía quizás un 90 % de marzo reservado cuando todo estalló”.

Las cancelaciones, subraya, le representan pérdidas de cerca de $ 1.000 mensuales.

Pero para ellos, la plataforma creó una solución temporal. “Airbnb, con el fin de no afectar a los anfitriones, donará $ 250 millones. Ese monto pagará un 25 % del valor de cada reserva cancelada a los arrendatarios”, dijo la empresa a través de un comunicado.

Aun así, el futuro es incierto tanto para la compañía, que espera una reducción del 132 % en sus ingresos este año, como para los arrendatarios, que temen lo que sucederá con ellos en 2020.

“Yo alquilo, sobre todo, a turistas europeos y norteamericanos, también a ecuatorianos que vienen a Quito por trabajo”, precisa Kathy Quiroz, dueña de dos departamentos en la calle Colón de la capital.

“Hay mucho movimiento por el Airbnb, sobre todo entre mayo y septiembre. Esta vez no sé qué esperar. No sé si cuando se reanuden los vuelos internacionales, tendré clientes. Por ahora tengo trabajo y puedo pagar el préstamo que hice para comprarlos (los departamentos), pero no sé por cuánto tiempo”, agrega.

En los cuatros meses de mayor movimiento, ella gana aproximadamente $ 8.500.

Quiroz agrega que, además de la falta de ingresos, los arrendatarios ‘digitales’ aún se enfrentan a otra incertidumbre: el Reglamento de Alojamiento en Inmuebles para Uso Turístico en Ecuador, impulsado por el Ministerio de Turismo en agosto del año pasado, y que pretendía cobrar impuestos sobre esta actividad.

“Se hizo una asociación con otros anfitriones, con el fin de dialogar con el ministerio. No todos teníamos problema con regularizarnos, pero los requisitos eran exagerados. Además de normar el uso de suelo y pedir que la actividad sea aprobada por las asambleas de cada condominio, se nos iba a cobrar impuestos. En las condiciones actuales, eso sería imposible”, argumenta.

El documento, que debía publicarse en el Registro Oficial en agosto, fue duramente cuestionado, incluso por Airbnb, que indicaba que la medida no tenía precedentes en América Latina. En septiembre entró a una fase de diálogo, y hasta el momento no se ha oficializado.

¿Cuánto tiempo podría tomar que se restablezcan esta u otras actividades turísticas en el país? Un año aproximadamente. Eso es lo que estiman los expertos, entre ellos Holbach Muñeton, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador.

“En el caso de los informales, de quienes alquilan por Airbnb, nosotros lo que propusimos fue que el ministerio ofrezca incentivos para que regularizarse fuera atractivo, y quisieran ser una parte activa del gremio. Ahora, con las medidas que acaba de tomar el Estado, de cobrarnos un aporte temporal, considerando que las empresas turísticas y hoteleras estamos terriblemente afectadas, la informalidad nos empieza a parecer más atractiva”, comenta molesto.

Él añade que, según los cálculos realizados, este año se perderán al menos 150.000 empleos en el sector turístico. “Muchos sitios, incluido hoteles, cerrarán si no se dan incentivos. La informalidad, los alquileres temporales, van a ser la nueva realidad”.

Una norma que aún no se aplica

En septiembre del año pasado, el Ministerio de Turismo aceptó revisar el Reglamento de Alojamiento de Inmuebles de Uso Turístico en el Ecuador. En su momento, la titular de esa cartera, Rossi Prado de Holguín, dijo que se iban a considerar las preocupaciones de los arrendatarios. Desde entonces no se han dado avances en el documento y aún no se encuentra en el Registro Oficial. 

Según una investigación de 2018 de la Universidad San Francisco de Quito, el alquiler temporal compite con el ocupamiento de hoteles económicos, mas no con hoteles de cuatro y cinco estrellas.