Los cambios que propone la reforma tributaria sobre el pago del impuesto a la renta han sido los que más discusión han generado en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que analiza el proyecto de ley.

Esta previsto que este 14 de noviembre se apruebe el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, con el cual el Gobierno busca recaudar $ 1.900 millones entre 2022 y 2023.

Parte importante de esa recaudación provendrá del mayor pago de impuesto a la renta de personas que ganan sobre los $ 2.000 al mes.

Además, la propuesta de Lasso sobre el límite de gastos personales que las personas pueden deducir para pagar el impuesto a la renta es reducirlo de $14.709 (vigente actualmente) a $ 5.000.

El objetivo del proyecto de ley es incrementar la recaudación y el argumento del Gobierno es que el promedio actual de gastos personales que los ciudadanos presentan para deducir el pago de dicho impuesto es de $ 5.000.

“Si no son los $14.000, y tampoco creemos que deben ser los $ 5.000, por supuesto que no, que es muy bajo; lo lógico era buscar un equilibrio”, aseguró ayer Wilma Andrade, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.

“Hay que respetar las deducciones vigentes. Son derechos de los ciudadanos. Habrá que hacer un recálculo de la tabla. Es fundamental (...) Aquí hay derechos adquiridos”, aseguró el asambleísta independiente César Rohon.

Los aportes adicionales que harán las personas que ganan más de $ 2.000 irían desde  $ 15,76. Más los $ 13 que pagaban antes, suman $ 28,76, según la calculadora virtual de la Secretaría de Comunicación.

La propuesta del Gobierno busca incrementar la recaudación de IR en $100 millones desde 2022 y en $ 460 millones en los años siguientes de manera permanente.

También la comisión legislativa incluyó cambios en el aporte temporal que deben hacer las empresas que tienen un patrimonio mayor a los $ 5 millones. Los legisladores anotaron un parámetro adicional: “que hayan generado utilidad gravable durante 2020”.

La propuesta original planteaba que las empresas, independientemente de su nivel de ventas o ganancias, deben pagar una contribución de 0,8 % de su patrimonio por dos años. La iniciativa apuntaba a 1.931 compañías del país.

En el caso del aporte temporal a personas naturales con un patrimonio mayor a $ 500.000, los asambleístas señalaron que deberán hacerlo hasta el 30 de junio de 2022.

La reforma tributaria es uno de los puntos claves del acuerdo con el FMI. Al ser de carácter económico urgente, debe ser aprobada máximo en treinta días. De su aprobación depende el desembolso de $ 700 millones del organismo multilateral e ingresos cercanos a los $ 800 millones para el próximo año, con el objetivo de reducir el actual déficit fiscal.