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Sesión virtual del Pleno de la Asamblea, 5 oct. 2020
Amplio Respaldo. El Código Orgánico de la Función Judicial se aprobó con 123 votos a favor. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, con 116.EXPRESO

Dos nuevas leyes con sorpresa

El blindaje de los asambleístas corruptos y la metida de mano en las notarías se aprobaron el lunes.  Dos funciones del Estado, Judicial y Legislativa, tienen nuevas leyes.

Apoyo masivo de la Asamblea Nacional a las nuevas leyes orgánicas de la Función Judicial y de la Función Legislativa. Reunido a inusuales horas de la noche del lunes, el Pleno fue expedito: se constató el cuórum, la asambleísta ponente (Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia) resumió los textos y se tomó votación. Solo unas pocas abstenciones, en ambos casos, dieron cuenta de la insatisfacción de un puñado de asambleístas: por el precipitado (y no del todo cabal) procedimiento; por los artículos incluidos a última hora sin debate ni consenso; por las prisas… Pero las cosas salieron como esperaban los oficialistas, si se puede seguir llamando así a un grupo que, con los ojos puestos en la campaña electoral, no disimula su ruptura con el gobierno. Las leyes se aprobaron con más de cien votos a favor y Ximena Peña puede, tranquilamente, renunciar en paz (como en efecto hizo ayer) para dedicarse a ser candidata a presidenta y cruzar los dedos para obtener un 2 por ciento de los votos.

Ximena Peña

Ximena Peña quiere aprobar dos leyes a martillazos

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La nueva ley de la Función Legislativa cambia las reglas de juego para la fiscalización: la facilita, salvo cuando los fiscalizados sean los propios asambleístas, en cuyo caso la vuelve casi impracticable. En caso de ministros de Estado y otros funcionarios, se acabó la posibilidad, de la que se sirvieron sistemáticamente los correístas para salvar a sus corruptos, de dejar los juicios políticos en el limbo, como ocurrió con el de Jorge Glas. Ahora la Comisión de Fiscalización, aunque no tenga los votos suficientes para iniciar un juicio político, está obligada a pasar el informe respectivo al Pleno, para que este tome la decisión final.

¿Y cuando los corruptos son los asambleístas, cosa harto común en estos tiempos? Para ello se ha creado un Comité de Ética al que tuvieron el buen cuidado de despojarle de iniciativa y criterio propio: no actuará de oficio. Es decir, servirá para muy poco: daba lo mismo no constituirlo y confiar el trabajo a comisiones ocasionales, como ha venido sucediendo hasta ahora. Por lo demás, el número de votos necesarios en el Pleno para destituir a un asambleísta pasa de 70 a 91: como para que no ocurra nunca.

Nuevas comisiones (una de Protección de Niños y Adolescentes), nuevos requisitos para ser asesor parlamentario (formación académica en temas legislativos), reglas claras para el funcionamiento de las sesiones virtuales y procedimientos que evitan el caos en el tramo final de la aprobación de un texto legal (herencia correísta que hizo posible meter por la ventana cualquier barbaridad luego del segundo debate) completan el panorama de la ley.

En cuanto al Código Orgánico de la Función Judicial, quizá lo más destacado sea la creación de las unidades judiciales especializadas en la lucha contra la corrupción y, por iniciativa de último momento de José Serrano y sin debate previo, la metida de mano en las notarías: a partir de ahora los notarios en funciones solo podrán reelegirse por una vez, lo cual abre un campo enorme y muy rentable para el reparto de cuotas políticas. Héctor Muñoz, miembro de la Comisión de Justicia que se opone a esta reforma, presentó una moción previa en la que proponía votar por separado el artículo y la disposición transitoria relacionada con los notarios, con la esperanza de bloquearlos. En vano: el presidente César Litardo la ignoró.

Otro contenido importante de la nueva ley de la Función Judicial tiene que ver con el error inexcusable como causal de destitución de un juez: ya no será el Consejo de la Judicatura el encargado de calificarlo (como ocurrió durante el correísmo, cuando el error inexcusable se convirtió en un procedimiento sumario para controlar a la Función Judicial), sino un juez superior. De esta manera la ley se pone al día con la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional.

Ambos textos fueron remitidos a Carondelet, con la advertencia de Ximena Peña: si el presidente los veta, dijo olvidando que el presidente alguna vez fue de los suyos, estará demostrando que no quiere cambios en el país. Su despedida de la Asamblea fue su primer acto de campaña.

Gráfico, 4 oct. 2020

La nueva Asamblea: ruidosa, para variar

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