Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, luego obtuvo una maestría en Derecho y un diploma en Tributación Internacional. En 2019 la nombraron subsecretaria de Gobernanza en la Vicepresidencia de la República y desde junio del año pasado lidera el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

CONTEXTO

El riesgo de corrupción en las compras públicas está presente, muchas veces en dinámicas aparentemente normales; otras, más evidentes. El Servicio de Contratación Pública ha identificado esa conducta que se ha camuflado, por ejemplo, entre los $ 5 mil millones que se contrataron en 2021, o en los $ 3 mil millones de este año.

La directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, María Sara Jijón, atiende a Diario EXPRESO, por vía telefónica, para hablar sobre las acciones que se ejecutan para luchar contra la corrupción, problema que deja grandes pérdidas al país, aunque no se atreve a cuantificarlas.

¿Cuáles son las prácticas irregulares o de corrupción más comunes detectadas en los procesos de contratación pública?

Muchos proveedores, para poder cumplir con los requisitos, falsifican algunos documentos, en algunos casos documentos públicos. Ahí hay un delito claro y obviamente usan estos documentos para justificar, por ejemplo, experiencia, y en algunos casos ganan. Entonces, eso obviamente es una práctica no solo irregular, sino ya delictiva.

Ahí puede haber una respuesta a obras que muchas veces están mal hechas... También hay conductas que agrupan a dos o más proveedores...

Sí, por ejemplo cuando entre varios proveedores se ponen de acuerdo para hacerle trampa al sistema. “Una vez gano yo, otra vez ganas tú”. Entonces no dejan participar a los demás, se dividen el pastel y dejan a los demás participantes fuera.

¿Y del lado de las entidades contratantes?

En los términos de referencia de los procesos de compra se establecen requisitos que nos permitirían colegir que hay un direccionamiento. Parecería que ya tienen el nombre y apellido del oferente al que le van a dar el contrato.

Hay que depurar las áreas de contratación pública.

Las autoridades máximas de las entidades contratantes deben desterrar esas prácticas, que son más recurrentes en los gobiernos descentralizados.

¿Cree que la delegación de funciones en contrataciones, que se ha generalizado entre los titulares de instituciones, abona a este ambiente opaco y de aparente impunidad?

Eso no deslinda ninguna responsabilidad, porque la autoridad máxima sigue siendo la responsable. El delegado sigue actuando a su nombre y eso es muy importante que los funcionarios lo sepan.

¿A cuánto ascendería el monto de recursos públicos que se cola a bolsillos de terceros?

Ese es un dato que no se lo tiene en ningún país, en ninguna parte del mundo.

¿Y el número de denuncias o quejas que reciben?

El número de denuncias ingresadas por posibles irregularidades o presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas asciende a 139, de enero a agosto de este año.

¿Qué tratamiento se ha dado a esas observaciones?

En caso de que podamos identificar que tal o cual documento es falso, entonces nosotros por declaración errónea podemos sancionar a los proveedores (suspensión del Registro Único de Proveedores por 60, 180 días o más). Y si tenemos suficiente evidencia para armar un expediente, podemos poner una denuncia ante la Fiscalía General.

¿Cuántas han presentado y por qué presuntos delitos?

Hemos presentado 29 en lo que va del año; 21 por falsificación y uso doloso de documentos falsos, 4 por ataque a la integridad de sistemas informáticos, entre otros presuntos delitos, por ejemplo.

¿Avanzan o falta celeridad? Porque una sentencia en un posible delito de ese tipo generaría un mensaje contundente.

Todos los 29 casos están en indagación previa. Algunos de ellos están más avanzados, ya incluso se han realizado algunas diligencias para verificación de documentación y toma de versiones, etc. Esperamos ya que en los próximos meses los señores fiscales finalmente nos puedan dar algún resultado en esos hechos.

Y en medio de esta suerte de cacería del gato y el ratón, ¿qué se ha hecho para mejorar la ley y su reglamento?

Con el nuevo reglamento, que se emitió el 18 de junio y que entró en vigencia el 20 de agosto, tenemos que hacer un trabajo de capacitación (intensiva) a los proveedores y a los abogados que los apoyan, de tal manera que no se cometan algunas de estas malas prácticas en la contratación.