La corrupción ha sido, junto a la falta de empleo, la inseguridad y la crisis sanitaria, una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos en este 2020, según han recogido encuestas como Cedatos o Click Report. Y no es para menos.

Además de dejar en evidencia las falencias de un sistema de salud precario, la pandemia también sacó a la luz varias redes de corrupción que, según las investigaciones, estaban enraizadas y funcionaban desde hace varios años, bajo la venia de políticos y altos funcionarios provinciales y nacionales.

Pero no fue lo único. En abril, la Corte Nacional de Justicia condenó a ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas, a otros excolaboradores como Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, y a empresarios por el delito de cohecho agravado, pues se determinó que habían instigado a los otros funcionarios para la recepción de millonarios sobornos por parte de empresas a cambio de contratos de obra pública entre 2012 y 2016.

La sentencia fue ratificada en apelación el 22 de julio y en casación, el 8 de septiembre.

Pero no fueron los únicos exfuncionarios procesados. La exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, es investigada por el presunto tráfico de influencias por la fallida compra con sobreprecio de kits de alimentos durante la emergencia y el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, por una presunta delincuencia organizada por la compra de insumos médicos en hospitales de Guayaquil.

La Asamblea tampoco quedó exenta de acusaciones, pues varios parlamentarios fueron involucrados en conocidos casos como el reparto de hospitales y el uso de carnés de discapacidad.

Más de 30 casos en hospitales

Durante los meses más duros de la pandemia, Ecuador se levantaba con la noticia de allanamientos que se realizaban dentro de las investigaciones por casos de corrupción hospitalaria.

En total, 33 procesos, en su mayoría por peculado, se abrieron a nivel nacional.

Uno de los operativos más grandes se realizó el 18 de junio, cuando la policía ejecutó 48 redadas simultáneas en Quito, Guayaquil, Daule y Samborondón en busca de indicios que den cuenta del modo de operación de una presunta red que vendía insumos médicos con sobreprecio a hospitales públicos del país durante la pandemia.

Pero la corrupción hospitalaria se gestó, al menos, desde 2016, según las investigaciones que abrió la Fiscalía por compras irregulares en los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos y en las que están involucradas los hermanos Bucaram Pulley, Daniel Salcedo y el expresidente del Directorio del IESS, Paúl Granda.

Una trama que se desvanece

Tras denuncias realizadas en redes sociales y medios de comunicación, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos que terminaron con la detención del exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el 4 de junio de este año.

Morales y siete personas más recibieron cargos por presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en la Prefectura y el juez lo obligó a usar un dispositivo de vigilancia.

En el proceso se vinculó también a su entonces esposa e hijastros, pues se señalaba que empresas vinculadas a ellos habrían hecho de intermediarios en un contrato relacionado a pruebas para detectar COVID-19 al inicio de la pandemia.

Un mes después y en medio de la investigación judicial, Morales falleció de un infarto en una casa de salud de Samborondón.

Sin embargo, los familiares del exprefecto fueron sobreseídos y el proceso se va quedando poco a poco sin vinculados

Denuncias alcanzaron a la Asamblea

Diecinueve asambleístas fueron señalados de pertenecer a una red que se repartió los hospitales públicos del país, tras la difusión de un organigrama que supuestamente era de propiedad de Daniel Mendoza.

El exasambleísta fue procesado por delincuencia organizada a raíz de descubrir que era parte de una organización que iba a utilizar el dinero de la construcción del hospital de Pedernales para coimar a otros legisladores.

A este caso se vinculó al exasambleísta Eliseo Azuero y al exdirector del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo.

La Fiscalía encontró chats entre Mendoza y Azuero en los que nombraban a otros legisladores, entre ellos el presidente César Litardo y varios del BADI. También la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Sin embargo, ninguno de ellos fue incluido en la investigación judicial. Mendoza se declaró culpable y Azuero sigue prófugo.

Otros legisladores también fueron señalados por tener carnés de discapacidad sin una aparente razón después de que se descubriera que Salud emitió miles de manera fraudulenta. No se conoce del avance de esas investigaciones.