La Comisión de Pacificación entregó el pasado 5 de abril a la Presidencia de la República y las entidades estatales responsables de la seguridad en el país el informe de sus tres meses de gestión, justo dos días después del último ataque en la cárcel de Turi.

En el documento se señala que el organismo constató a la “la corrupción como violencia estructural. Coexiste en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria”. Las entidades señaladas son el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), la Policía Nacional y la Función Judicial.

En el texto, reconoce que “aunque no todos los oficiales del gobierno son parte de esta corrupción, el daño se ha generalizado en la opinión de los PPL y la sociedad civil”. Pero que justamente esta corrupción es la que impide que se logre un acuerdo de paz definitivo.

En primer lugar porque los privados de libertad desconfían que ciertos líderes cumplan con el compromiso, ellos aseguran que firmarán siempre y cuando dichos cabecillas lo hagan y que “se hagan responsables de lo que pase en los lugares que ellos dirigen”.

De acuerdo con el escrito, los presos dieron nombres de policías que son el “brazo derecho de aquellos que supervisan lo que pasa en el Litoral. Además, son quienes aparentemente protegen a algunos de estos líderes”.

Desde la entrega del documento de la Comisión de Pacificación son más de 10 días en donde las autoridades conocen de esta alerta. Dentro del cuerpo se ha reconocido que hay “malos elementos, personal corrupto” en las filas de los servidores públicos y que “trabajan en la depuración del personal”.

Diario EXPRESO solicitó a la Fiscalía General del Estado el detalle de las investigaciones de oficio y por denuncias que se han realizado con relación a las masacres carcelarias entre 2021 y 2022.

Se pidió, además, qué delitos se están investigando; qué entidades o personas han presentado denuncias; cuántos sospechosos o presos fueron judicializados por las masacres carcelarias y si hay condenas.

Pero el organismo, como en pedidos de información anteriores, se limitó a responder que este periódico sea quien detalle los delitos y/o el articulado correspondiente en el Código Integral Penal sobre el que se requiere información. Es recurrente en la Fiscalía que se despachen las solicitudes de EXPRESO aludiendo a “lineamientos” internos para acceder a información y a un plazo de 15 días para responder.

Así también se solicitó al Ministerio del Interior que detalle el número de denuncias realizadas a la Fiscalía por hechos de corrupción de los uniformados que laboran en las cárceles, en el marco del informe de la Comisión de Paz. Además de saber el número de policías sancionados, en régimen disciplinario o separado de la institución por este tema, pero hasta el cierre de esta edición no responden el requerimiento de información.

Juan José Hidalgo Huerta, experto en criminología y en cultura de paz, señala que este tipo de comportamientos de las instituciones estatales es una muestra de que “no han hecho nada, siempre pasa lo mismo en las cárceles”. Recuerda que en 2008 fue director de Rehabilitación Social en Guayas y renunció debido al nulo interés de las demás entidades en avanzar con procesos de investigación y justicia por casos de corrupción.

“Presenté cuatro denuncias por escrito a la Fiscalía por diferentes casos de corrupción, pasó el tiempo y nunca se pudo saber qué pasó con ello, ni por parte de la Fiscalía ni de la Policía, por ello decidí salir porque estaba haciendo un trabajo que a nadie le interesaba resolver y mi vida corría peligro estando ahí”.

Para Hidalgo Huerta, los avances de los procesos de la Fiscalía y de las instituciones relacionadas a la seguridad sobre las irregularidades en las cárceles deben ser dados a conocer porque además de dar señales de que se están tomando cartas en el asunto es una deuda del Estado con la ciudadanía en general, con la población penitenciaria y las más de 300 familias perjudicadas desde 2021 con el asesinato de reos en los motines dados.

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Desde inicios de marzo se espera la definición de la “fecha tentativa” para la implementación del censo penitenciario, acción que será ejecutada entre el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), Registro Civil y SNAI. En un inicio se iba a arrancar con una socialización previa por parte de la Comisión de Paz, pero debido al asesinato de 20 personas en la cárcel de Turi se han detenido estas acciones, hasta nueva orden. Por lo pronto se cumple con un levantamiento de información en ese mismo centro de reclusión para determinar las condiciones de vida que tienen los privados de libertad. Las autoridades aún no tienen datos exactos de la realidad de la población penitenciaria en el país. Fue en febrero de 2022 que se conoció que en Ecuador hay 40.108 personas tras las rejas; pero en 2021 se dijo que había 37.424 reos. La cifra fue actualizada, tras un estudio para la creación de la Política Pública de Rehabilitación Social.