En la Unidad Judicial de Latacunga se debía realizar la audiencia de juzgamiento, bajo procedimiento directo, en contra de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pero la diligencia fue declarada fallida por la jueza Paola Bedón.

Desde las 10:00 empezaron a llegar las partes procesales: los delegados de la Fiscalía, Procuraduría, Petroecuador y el procesado, Leonidas Iza. La diligencia se instaló cerca de las 11:00 y fue declarada reservada, por lo que allegados del acusado, medios de comunicación y público en general se quedaron afuera de la sala 9.

En una primera parte de la audiencia, la defensa de Iza realizó dos solicitudes a la jueza. En una de ellas se pidió que se consulte a la Corte Constitucional (CC) para que responda si se puede destinar un tiempo adicional de 15 días para evacuar varios elementos de convicción (pruebas) que no han sido resueltos en los plazos que estipula la ley, ya que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece 20 días desde la calificación de la flagrancia para la instalación de la audiencia de juicio directo.

“Hay muchas pruebas y el tiempo que se otorgó, y que la misma ley dispone, es mínimo. Hay legisladores que no conocen de la realidad procesal penal y piensan que en 10 o 20 días pueden llevar a una condena”, argumentó Carlos Poveda, defensor del líder indígena.

El segundo pedido también es una consulta a la CC para que esta se pronuncie sobre la competencia de la misma jueza para analizar el caso, debido a que ella fue quien conoció la flagrancia el 14 de junio pasado, por lo que existiría “contaminación probatoria”.

Tras estos pedidos, la jueza Bedón suspendió la audiencia por una hora. En la reinstalación acogió parcialmente lo solicitado. Aceptó elevar a consulta a la CC la solicitud para extender el plazo de instalación de la audiencia de juicio directo por 15 días más.

“No solo fue una posición de la defensa del procesado, sino compartida. La Corte Constitucional deberá pronunciarse en un máximo de 45 días”, manifestó Poveda.

No obstante, el tiempo hasta que exista un pronunciamiento del órgano constitucional será utilizado por las partes para tramitar las diligencias solicitadas. Una de ellas es la asistencia penal internacional, que ya ha sido recibida por la Fiscalía y no ha sido evacuada.

El segundo pedido fue negado, pero la defensa de Iza adelantó que promoverá una solicitud de consulta a la Corte Constitucional sobre la imparcialidad de la magistrada.

A su salida, Leonidas Iza insistió en su inocencia: “Yo he sentido realmente una presión fatal para que la justicia actúe parcializada. El 90 % de lo que se demuestra de nuestra parte no (lo) han permitido en este proceso”.

En cuanto a la paralización de servicio público, delito por el que es acusado, el líder indígena alegó que “no se puede confundir una movilización social a nivel nacional, que fue de manera pública convocada, como un acto terrorista”.

Según él, en las protestas se infiltraron grupos vandálicos dirigidos por el Gobierno. Ante la pregunta sobre si este proceso penal representa un riesgo para el acuerdo de paz firmado con el Gobierno, Iza contestó que si el proceso penal en su contra se resuelve “de buena fe”, “no tambaleará” el acuerdo firmado.