“Siguiente prueba: un oficio del Registro Civil…”. En el juicio por el Caso Sobornos se desarrolla la etapa de presentación de pruebas de descargo de los acusados. José Luis Ortega, abogado de Walter Solís, el titular de la Secretaría Nacional del Agua, durante el correísmo, extrae un documento de una carpeta: “Aquí -explica- se certifica que no existen parámetros de búsqueda para WS y L3 en la base de datos del Registro Civil”. WS y L3 son los nombres en clave de Walter Solís en los archivos de Pamela Martínez. Resulta que el organismo oficial de cedulación e identificación, como era de esperarse, no tiene registrado a nadie con ese nombre. “Por tanto -concluye el abogado ante jueces y fiscales que no terminan de entender si está hablando en serio o en broma- WS no puede ser Walter Solís”. Contundente prueba. Será el juicio del siglo, como ya lo llaman; el caso de corrupción más importante que ha llegado a tribunales desde el retorno de la Democracia; o lo que fuera. Lo cierto es que el Caso Sobornos ha conocido momentos de puerilidad tan sublimes que rozan la comedia.

En esta etapa de presentación de pruebas de descargo, que continúa hoy, tras tres días de receso, con el único acusado que falta por incorporar las suyas, Jorge Glas, ha habido de todo: defensores que desisten de llamar a sus testigos, como es el caso de la mayoría de los empresarios encausados; intentos de introducir nuevas pruebas supuestamente decisivas, desestimados casi todos por los jueces; testimonios dirigidos a desacreditar a los testigos de la Fiscalía, algunos con relativo éxito; argumentos pueriles como el del Registro Civil; y toneladas de documentos que, si algo prueban, es aquello que el asesor jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera, dijo una y mil veces: que nadie roba ante notario.

Testigos desacreditados: dos. Contra la excandidata a alcaldesa de Guayaquil, Viviana Bonilla, había testificado un antiguo asesor suyo, Gustavo Bucaram. Él contó cómo Bonilla, siendo gobernadora, lo envió a Quito para recibir, de manos de Pamela Martínez, cien mil dólares no declarados como aporte a su campaña. El viaje se comprobó pero Bucaram fue pescado en una mentira infantil: dijo que había viajado solo y está claro que dos miembros de su despacho lo acompañaron. Bonilla, obviamente, cargó las tintas en eso y evadió lo de fondo: la financiación de su campaña.

También la defensa de Alexis Mera apuntó su artillería pesada contra un testigo de la Fiscalía: el exasesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Pedro Espinosa, había contado cómo, en dos ocasiones, retiró sobres del despacho de Pamela Martínez para entregárselos a Mera en sus manos. No podría afirmar que tenían dinero en efectivo pero documentos, dijo, no eran. La defensa llamó a declarar a una tropa de jovencísimos asesores criados a la sombra del estudio jurídico de Mera en Guayaquil, quienes hicieron cargamontón sobre Espinosa: que era ineficiente, que era ocioso, que “consumía sustancias”… Y que los sobres de marras no tenían dinero.

Pruebas nuevas: el tribunal solo admitió una, presentada por la defensa de Walter Solís. Se trata de una página oficial del Consejo de la Judicatura en la que se registran los nombres de todos los peritos acreditados y en la que no constan algunos de los que fueron llamados por la Fiscalía. “Se inscribieron luego”, dijo el abogado. “¡Esas son malas artes!”, perdió los papeles Diana Salazar. Días después, la Policía salió al paso de esta acusación certificando la labor de sus peritos. Los jueces tendrán que valorar más adelante esta evidencia, con la que se pretende poner en duda buena parte de la teoría del caso de la fiscal.

Argumentos pueriles: “Cuando me subo en una tarima no estoy preguntando quién pagó la tarima”. Aunque su director de campaña, Christian Viteri, aceptó haber recibido dinero que venía del Colegio de Abogados del Guayas (cuyo presidente, Jimmy Salazar, es esposo de Pamela Martínez), Viviana Bonilla se lavó las manos. Sobre los cien mil dólares supuestamente llevados desde Quito por Gustavo Bucaram el 21 de octubre de 2013, su defensa llamó a declarar a cinco personas que aseguraron que en esa fecha Bonilla ni siquiera era candidata: que fue nombrada como tal en la convención nacional de Alianza PAIS el 12 de noviembre. En su testimonio, Bonilla quiso confirmar esa fecha pero en dos ocasiones cambió significativamente el verbo de la frase: “el 12 de noviembre fui ratificada”, dijo primero. “El 12 de noviembre me confirmaron como candidata”, dijo después.

¿Otro ejemplo? María Duarte, exministra de Obras Públicas, apeló a su buena cuna (“Soy hija de un hombre honrado”) y a su fortuna familiar (“Vengo de una familia acomodada”), para dar a entender que los ricos no roban porque no les hace falta. Con respecto a Pamela Martínez despachó una frase para el bronce: “¿Por qué creerle a esta señora y no creerme a mí?”.

Finalmente, toneladas de documentos: informes oficiales, títulos, certificados… Del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero, de la Superintendencia de Compañías… Llevados delante de los jueces como otros tantos alegatos de buen comportamiento. Entre otros:

La defensa de Rafael Correa presenta un certificado de la Unidad de Análisis Financiero que, según su abogado, demuestra que el expresidente no recibía otro ingreso que su salario; y otro papel de la Superintendencia de Compañías donde no consta ningún contrato suyo con las empresas implicadas en el caso. La defensa de Alexis Mera (“Yo sé que nadie roba ante notario pero…”, fue la muletilla de este acusado) recurre a expedientes parecidos para certificar que ninguno de los procesados fue cliente de su estudio jurídico. La defensa de Walter Solís, exsecretario del Agua, certifica que “sus gastos guardan relación con sus ingresos”; que el acusado “es accionista de algunas empresas, ninguna de las cuales tiene relación con las contratadas” por el Estado; que según su declaración de impuesto a la renta “no ha existido incremento patrimonial” sospechoso. Añade oficios solicitados de la Senagua, en los que se informa que a Solís no le correspondía firmar contratos sino por excepción; y que aquellos que firmó son perfectamente legales; y otro de la Contraloría, en el que se da fe de que nunca ese organismo pidió explicaciones al funcionario con respecto a su declaración de bienes.

Ese es el principal aporte de la mayoría de pruebas de descargo presentadas en este juicio: dejar en claro que, si hubo corrupción, los corruptos no dejaron huellas. Pero esa falta de huellas en los procesos administrativos oficiales, ¿bastará para exculparlos? Al término de la etapa de instrucción, la jueza Daniella Camacho dictaminó: “Los procesados sabían cómo realizar aportes legalmente e inventaron un sistema para evadir el control de las autoridades respectivas”. En palabras de Alexis Mera: “Nadie roba ante notario”. “A Fujimori no se le encontró una sola cuenta”, declaró a este Diario el exprocurador general del Perú José Carlos Ugaz, en una entrevista de noviembre de 2017. No importó. Porque “esto -explicó Ugaz- no es un homicidio, donde hace falta un cadáver. Basta con demostrar que se ha incurrido en los elementos básicos de la norma penal”. Cerca del final de la etapa de presentación de pruebas de descargo en el Caso Sobornos, queda la impresión de que los abogados están confundiendo la corrupción con el asesinato.

• Alexis Mera y Odebrecht

“Si Odebrecht no ha podido cobrar (una factura pendiente por el poliducto Pascuales-Cuenca) es gracias al suscrito”, dice Alexis Mera. Y presenta un oficio en el que pide detener el pago. “Precisamente -responde la fiscal Diana Salazar- se trataba de asfixiar a las compañías para obligarlas a pagar”. En este caso no todas las pruebas son lo que parecen.