La década estudiada de la exvicepresidenta

Hallan irregularidades en la obtención de la maestría de María Alejandra Vicuña. El tiempo que demoró es uno de los factores.

09 abr 2019 / 21:42

Sin título. El nombre de María Alejandra Vicuña regresa a la opinión pública luego de perder el cargo de vicepresidenta, por el caso de diezmos en la Asamblea, ahora por la forma en la que obtuvo su título de posgrado.

En base a un informe pericial, el Consejo de la Universidad de Guayaquil resolvió destituir a 13 funcionarios, entre autoridades y profesores, por la expedición fraudulenta de documentos a favor de Vicuña para obtener su título de máster en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos y Marketing.

El rector y presidente de la Comisión Interventora de la universidad, Roberto Passailaigue, informó ayer que se hallaron, por ejemplo, falsificaciones de firmas de asistencia y otros documentos que dan cuenta de que el título fue entregado de forma ilegal.

Aparte de lo hallado, la clave también está en los tiempos. Vicuña inició la maestría en el año 2007, cuando entró a trabajar en el Servicio de Rentas Internas, y debió terminar en el año 2009, cuando ganó una curul como asambleísta por Guayas, pero no fue así. Retomó los estudios con un módulo en el 2013, año en el que finalizó su primera gestión como legisladora; y en 2017, cuando terminaba su segundo período como asambleísta y es nombrada ministra de Desarrollo Urbano del actual Gobierno, cursó otros cuatro módulos. Se graduó en el 2018, año en el que fue nombrada vicepresidenta.

Según el rector, la normativa establece que el estudiante tiene un plazo de cinco años para terminar la maestría, pero en este caso se excedió el doble del tiempo. “Aparentemente se pretendió dar la apariencia que cumplió (el proceso)”, acotó.

EXPRESO intentó comunicarse ayer vía telefónica en varias ocasiones con la exvicepresidenta, pero no respondió. Contestó a un mensaje de WhastApp asegurando que estaba en una reunión y que luego atendería la llamada. Ya no respondió. Quien sí accedió a conversar con este Diario fue Otto Villaprado, uno de los 13 funcionarios destituidos.

El exvicerrector de la universidad califica la decisión como una retaliación política por sus cuestionamientos a la gestión de Passailaigue. Su vinculación al caso, relató, fue porque durante su paso como decano de la Facultad de Ciencias Administrativas (de septiembre de 2014 a noviembre de 2016) atendió un reclamo de la entonces maestrante. “Se resolvió hacerle un cronograma para que vea las asignaturas y eso fue propuesto a la Comisión Académica de la Universidad que lo aprobó”, dijo sin entrar a valorar si la decisión fue correcta o si el título fue otorgado lícita o ilícitamente.

Él y otros siete vinculados, por el momento, preparan una defensa en conjunto en el ámbito administrativo y luego en el judicial.

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