Una deuda sin nombre. Lo que inició como una protesta social del movimiento indígena reivindicando 10 pedidos generó pérdidas económicas millonarias para el país. 50 millones de dólares diarios, para ser exactos. Pero sobre todo, sostuvo por 18 días un escenario donde la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la salud y educación pereció a los pies de quienes decían protestar contra un Gobierno por “días mejores”. Días que, pese haber firmado un acuerdo de paz que respondía a las demandas de estos grupos sociales, tardarán en llegar para aquellos que perdieron ventas, mercadería y los pocos ahorros que tenían por las protestas que iniciaron el pasado 13 de junio.

En ese grupo está Norma Portilla, de 50 años, quien hace 30 hizo de una esquina, en la avenida 10 de Agosto y Asunción, centro norte de Quito, su fuente de ingreso, con la que costea los gastos de su casa y los de sus hijos. Cuenta que desde que las cosas se “calmaron” después de la pandemia, pudo empezar a ahorrar, pero con la llegada del paro nacional “todo se volvió a complicar”.

Ahora no tiene para el arriendo, servicios básicos y mucho menos para alimentarse. Esto porque los ahorros que tenía los invirtió en mercadería que no pudo salir a vender por las manifestaciones.

La realidad de Norma es una pequeña muestra de cómo el paro nacional afectó el flujo económico de los pequeños y grandes productores, como el sector agrícola y ganadero, por ejemplo, que registró pérdidas que sobrevuelan los 90 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Producción.

Al igual que el sector avícola, que tras el cierre de vías no pudo comercializar más de 90 millones de huevos, como tampoco pudo alimentar a las aves por la escasez del producto. En este sector las pérdidas ascienden a los 20 millones de dólares.

Fue una embestida a la economía de muchos, pero también un tropiezo para la salud de otros. Como la de Douglas, por ejemplo, de 4 años, un paciente oncológico que, con cartel en mano y acompañado de sus padres, pidió a más de 20 grupos de manifestantes que lo dejaran llegar hasta el hospital de Solca, en Cuenca, para realizarse sus quimioterapias.

Douglas lo logró, quien no corrió con la misma suerte y tuvo que esperar con intenso dolor fue Teresa Nazareno, de 49 años, quien durante 15 días no pudo llegar hasta al hospital para realizarse sus exámenes y tratamientos para el tumor que tiene en su pierna izquierda.

“El dolor era súper fuerte, mi mamá ya no soportaba. Pero no podíamos ir porque quemaron un retén policial y escuchamos que amenazaban con quemar también el hospital”, detalla Josselyn, hija de Teresa.

Otros, no llegaron a tiempo. Según los datos del Ministerio de Salud, dos personas murieron porque los manifestantes no permitieron el paso de las ambulancias a tiempo.

A estas pérdidas se suman la de líderes indígenas, manifestantes y agentes del orden, que sin medir si estaban a favor o en contra de las protestas, murieron a causa o en medio de un estallido social. Fueron seis, enumeran las autoridades y las organizaciones indígenas. Señalándose entre ellos como presuntos culpables. Pero más allá de quién y cómo fue, la pregunta es: quién responde por la muerte de Jhonny Félix Muenala, Byron Guatatoca, Henry Quezada Espinoza, Franco Íñiguez Camacho, José Marcelino Villa Romero y el sargento José Chimarro. Hasta ahora nadie. Fiscalía dice que investiga.

Dieciocho días de protestas que auparon en las calles a organizaciones que exigían ser escuchadas, pero que censuraban con agresiones físicas y verbales a periodistas, coordinadores, fotógrafos y camarógrafos que llegaban hasta ahí para captar y retransmitir lo que acontecía en medio de las manifestaciones por el paro nacional.

Según la información recogida por Fundamedios, fueron 159 los comunicadores de distintos medios de comunicación los que fueron agredidos. Muchos de ellos, retenidos y golpeados. Otros, bajo amenazas e insultos, fueron despojados de sus equipos para destruirlos.

Equipos que nadie ha devuelto hasta ahora y agresiones de las que nadie se ha hecho responsable. Pues con la firma de un acuerdo de paz que responde a varias de las diez demandas de las organizaciones indígenas, los manifestantes estrecharon sus manos y volvieron a casa. Como si no hubiese pasado nada.

A estas pérdidas se suman las de los bienes públicos y privados que fueron saqueados, incinerados y destruidos en nombre de una protesta pacífica que rompía todo a su paso. Por ejemplo, la Policía Nacional reportó el daño de 11 unidades policiales destruidas, 17 vehículos afectados y 99 patrullas con afectaciones parciales. Asimismo los daños y robo que sufrió una agencia bancaria en la ciudad del Puyo, en la provincia de Pastaza. Donde un grupo de manifestantes violentó la puerta de ingreso para sustraer parte del bien inmueble. Como también destruyeron un cajero automático.

El desabastecimiento de insumos de productos de primera necesidad, como alimentos, oxígeno y medicina, fue también un efecto de las protestas. Lo mismo que perjudicó a pequeños y medianos comerciante que no podía abastecer sus comercios de productos. Como también aquellos pacientes que estuvieron varios días sin acceder a un tanque de oxígeno o medicamentos, porque el cierre de vías impedía el paso de los distribuidores.

Consecuencias de un paro de 18 días

• Fallecidos. Cinco civiles y un militar murieron durante las manifestaciones. Estos decesos se dieron en días diferentes, pero en el mismo escenario: las protestas.

• Pérdida. El sector productivo registró pérdidas millonarias. Según el Gobierno, por cada día de protestas, Ecuador perdió cerca de 50 millones de dólares.

• Detenidos. Según datos de la Policía Nacional, 150 personas fueron detenidas por bloqueo de servicios públicos, agredir a servidores policiales, entre otros servicios.

• Exportación. El sector exportador no petrolero, como el florícola, bananero, brocolero y cacaotero, perdió en tan solo 15 días más de 70 millones de dólares.

• Heridos. Solo en dos semanas de paro nacional se registraron más de 500 personas heridas, a causa de los enfrentamientos entre policías y manifestantes.

• Precios. El cierre de vías causó que los mercados de varias ciudades queden desabastecidos, causando el encarecimiento de los pocos productos que llegaban.

• Investigación. Del 13 al 28 de junio pasado, la Fiscalía inició 261 procesos de investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales, en el contexto de las manifestaciones por el paro nacional.