En menos de dos años, Daniel Salcedo Bonilla, implicado en varios procesos derivados de presunta corrupción hospitalaria, se enfrenta a una tercera condena en un quinto juicio que encaró desde la cárcel.

Esta tarde del martes 17 de agosto de 2021, la jueza Luz Marina Serrano, de la Unidad Judicial Penal de Flagrantes de Quito, declaró culpable a Salcedo como autor directo del delito de ingreso de artículos prohibidos en las cárceles tipificado y sancionado en el artículo 275 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Como sentencia se le impuso la pena de tres años de prisión, además de una multa de cuatro salarios básicos unificados del trabajador (1.600 dólares), que deberá ser cancelada en la cuenta del Consejo de la Judicatura.

Según la resolución, no se le aplicaron las atenuantes por no haber sido justificadas por la defensa. La juzgadora dispuso que cumpla la sanción donde actualmente está recluido en la cárcel 4 de Quito.

La decisión se tomó dentro de un juicio directo que se dio tras el hallazgo de un teléfono celular en la celda donde permanece, el pasado 6 de julio.

Testigos indicaron en el juzgamiento que, ese día, Salcedo estaba en una audiencia y se percataron que tenía un celular que fue encontrado entre el colchón y la cama que utiliza. El director del Centro de Rehabilitación añadió que él no autorizó que se haga la audiencia en su celda.

En su resolución, la jueza señaló que se ha probado la existencia del lugar de donde se cometió la infracción, el objeto del cometimiento; los testigos policiales, guardias de seguridad, por los jefes de la SNAI, “se establece que existen protocolos que se cumplen dentro de los centros de privación de libertad, que tienen que pedir permiso para entrar a las llamadas celdas; el señor Salcedo no estaba autorizado para tener la audiencia en su habitación; se ha demostrado todos los elementos que conforman el tipo penal (...)”.

Salcedo enfrenta otras dos condenas. Una de 4 años de cárcel por el delito de fraude procesal y otra de 13 años de pena privativa de libertad, por peculado, proceso por el que se iniciaron las investigaciones derivadas de una trama de corrupción en hospitales a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19, en marzo de 2020.

En un juicio por e delito de lavado de activos, un tribunal de la provincia de El Oro ratifico su inocencia y la de su hermano Noé Salcedo, además de otras dos personas naturales y seis jurídicas (empresas).

Está en curso un juicio por el delito de delincuencia organizada en el que también está involucrado su hermano, además de exfuncionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como Paul Granda exdirectores de hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil; y Jacobo Bucaram Pulley.