Daniel Mendoza ingresó la noche de este 18 de julio al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Participantes luego de que el juez nacional Marco Rodríguez aprobara la solicitud realizada por la fiscal Diana Salazar.

El exlegislador, que fue detenido el pasado 5 de junio, forma parte del sistema en calidad de “otro participante” y de “víctima”, con modalidad de ingreso inmediato y permanente, según consta en el proceso.

Salazar también le solicitó al juez que Mendoza se mantenga ingresado "exclusivamente" en la cárcel 4 de Quito, "esto es sin ningún otro procesado dentro de la presente causa", con la finalidad de garantizar su "protección integral". Los demás implicados en la investigación serán trasladados e ingresados en centros de rehabilitación distintos, incluyendo a René Tamayo, exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras (Secob).

Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza y José Véliz, contratista del hospital de Pedernales, se quedarán, junto a otros detenidos, en la cárcel de El Rodeo, en Manabí.

Este pedido, realizado por la defensa de Mendoza a la Fiscalía, se da luego de que, la noche del 16 de julio, salieran a la luz las transcripciones de dos llamadas telefónicas entre el exlegislador y el asambleísta Eliseo Azuero a las que tuvo acceso EXPRESO y en las que abordan gran parte de una trama de presiones políticas, repartos de dinero, contratos y votos que se gestaban en la Asamblea. Las conversaciones se habrían dado después de la detención de Jean Carlos Benavides y demás vinculados al caso de corrupción de Pedernales y en ellas se menciona a varios asambleístas de BADI, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al presidente de la Asamblea, César Litardo.

"Esa conversación es bastante sensible y obviamente ha ubicado a mi cliente en una posición de peligro. Entonces por esta situación se ha solicitado a la Fiscalía se ponga a mi cliente en el Sistema de Protección de Víctimas", dijo a EXPRESO la abogada de Mendoza, Gabriela Moreira.

Según Moreira, el peligro puede llegar de "cualquier persona". "No sabemos hasta dónde pueda llegar esta situación y entonces es preferible siempre estar protegido y más aún cuando la familia también empezó a recibir notas por redes sociales, por mensajes. Entonces es necesaria la protección directa de un procesado", precisa, al tiempo que afirma que ya ha pedido que se incluya a la familia del exlegislador en el sistema de protección.

Con respecto a la implicación directa de Daniel Mendoza en esas transcripciones, Moreira señala que no tiene autorización de la familia de su cliente para opinar de ese tema.

Al día siguiente de la difusión de las conversaciones, el juez Rodríguez dictó prisión preventiva por delincuencia organizada al asambleísta Azuero, a Jorge Jalil, exsubdirector del Secob y quien firmó el segundo contrato para la construcción del hospital de Pedernales con el Consorcio Pedernales-Manabí y a otras 11 personas más. Jalil también es mencionado en las llamadas entre Mendoza y Azuero.