Elizabeth Cabezas trató de impedirlo pero fracasó: la Comisión de Justicia aprobó la conformación de un Comité de Ética en el interior de la Asamblea Nacional. Ni los intentos de la presidenta por dejar sin cuórum la sesión (convocada para las ocho y media de la mañana) ni el oficio enviado a la Comisión, por intermedio de secretaría, para que “suspenda cualquier convocatoria y tratamiento sobre dicha reforma” surtieron efecto. Siete de los doce miembros asistieron (faltaron tres oficialistas y dos de Pachakutik) y aprobaron la propuesta por unanimidad. Con ella, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa quedó listo para su primer debate en el Pleno.

Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión, acusa directamente: “Hay una maniobra de la Presidencia, estuvieron llamando a los legisladores para que no vengan, para que no den cuórum”. Cabezas se explica: “La preocupación es en torno a las funciones que podría tener el Comité de Ética”. Le inquieta que este nuevo organismo asuma atribuciones que hoy corresponden al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que ella preside: imponer sanciones administrativas, multas y suspensiones. Aguiñaga y Cabezas se enfrentaron ayer en el hemiciclo legislativo, cuando la sesión del Pleno estaba por comenzar. Bastante molesta andaba la presidenta, reclamando a cuanto miembro de la Comisión de Justicia se le cruzaba por delante.

De nada le sirvió. Mucho más molestos se pusieron los otros cuando recibieron el oficio de secretaría pidiéndoles no sesionar. Lo juzgaron como “una intromisión” en un organismo independiente, “una barbaridad”, “un despropósito”.

Lo cierto es que la propuesta del Comité de Ética quedó algo disminuida con respecto a su original. La idea fue de Eliseo Azuero (ID), quien se inspiró en el organismo homónimo que funciona en el congreso chileno. Asambleístas de todas las tendencias, desde el socialcristiano Henry Cucalón hasta la correísta Aguiñaga coincidían con él en la necesidad de que sea un comité permanente con la atribución de abrir investigaciones de oficio, que rinda informes al Pleno, asuma la tarea de proponer todo tipo de sanciones y esté presidido por las minorías parlamentarias. Finalmente quedó como un comité ocasional que solo actuará ante denuncias específicas y no tratará los temas de sanción administrativa para no restarle atribuciones al CAL, cosa que parece herir hartas susceptibilidades.

“Se desnaturalizó”, lamenta Aguiñaga. “Es un híbrido”, califica Esteban Torres, también miembro de la Comisión de Justicia, aunque él concuerda con la idea de que sea un comité ocasional, no permanente. “Hubo que flexibilizar para que pueda ser aprobado”, explica Cucalón, quien aspira a revertir estos cambios en el Pleno.

Para evitar sorpresas, Elizabeth Cabezas convocó ayer a Marcela Aguiñaga a la sesión vespertina del CAL “a fin de que explique el alcance de la conformación de la Comisión de Ética”. No es muy común que esto suceda pero la presidenta quería asegurarse de que ninguna de las atribuciones del organismo que ella dirige le será quitada.

Si de la presidenta Cabezas dependiera la cosa, al CAL no se le quitarían funciones: se las ampliarían hasta márgenes que van más allá de sus atribuciones administrativas. En su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (un documento de 90 páginas que se integrará para el segundo debate) se omite cualquier referencia a un Comité de Ética y se le confieren al CAL amplias facultades para el control de las comisiones.

Mientras tanto, los escándalos de corrupción que enturbian a la Asamblea amenazan con cobrar su tercera víctima. Primero Sofía Espín, luego Norma Vallejo, ahora Ana Galarza. En carpeta, al menos una docena de otros casos: que lleguen o no a ser investigados depende, en las circunstancias actuales, de los arreglos políticos. Por eso la pregunta del momento es esta: ¿está preparada la Asamblea para un Comité de Ética que actúe de oficio?

Caso Galarza: llega el día D

Fue un buen intento pero falló. La Comisión investigadora del caso Galarza había enviado su informe al CAL, para que ese organismo resuelva sobre su recomendación de aplicar una sanción administrativa. Pero el CAL se abstuvo de conocer el caso y decidió, ayer, remitirlo al Pleno, donde el fantasma de la destitución planea. Se tratará el próximo martes.