Gracias a la medida cautelar de un juez de La Concordia, los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñan, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pudieron sesionar la tarde de este domingo 27 de noviembre de 2022.

Realizaron un pleno virtual y hablaron de la “injerencia de la Asamblea”, presentaron mociones y hasta votaron. De esta forma buscaron legitimarse en el cargo, pese a que una mayoría de la Asamblea resolvió, el pasado, 18 de noviembre destituirlos y censurarlos del cargo.

En la sesión no se presentaron los consejeros de minoría, Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero, quienes gozan del respaldo, principalmente, del correísmo, del Partido Social Cristiano, dentro de la Asamblea y por eso no fueron destituidos.

Los consejeros de mayoría, en cambio, votaron a favor de presentar una denuncia en la Fiscalía General, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en contra del Presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Además, resolvieron presentar una segunda denuncia en la Fiscalía en contra de los consejeros David Rosero y Sofía Almeida por posible usurpación de funciones. El argumento que dieron los consejeros es que estos dos pidieron a la Secretaría del Consejo de Participación que remita al Ministerio de Trabajo la destitución de sus cuatro compañeros y lo mismo trataron de tramitar con otras entidades públicas.

Finalmente, los cuatro consejeros decidieron enviar a la Asamblea Nacional y “al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la información sobre las actuaciones y disposiciones de los consejeros Sofía Almeida y David Rosero, con el fin de que se inicie el correspondiente control político ante una evidente arrogación de funciones”.

En medio de este drama legal, la Asamble Nacional sesionó por su parte para posesionar a los suplentes de los consejeros suplentes y configurar un nuevo Consejo de Participación más acorde a sus intereses políticos.