Si de algo no carece el juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, es de documentos probatorios. Los legisladores interpelantes, Jeannine Cruz y Fernando Flores, de CREO, los presentaron esta semana ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea: audios, oficios, informes de la Contraloría, testimonios... Y las joyas de la corona: dos sentencias del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE) en las que se da por resuelto en el ámbito administrativo aquello que la Asamblea ahora tiene que juzgar en lo político. Estos son, tal y como fueron presentadas por los interpelantes, los cuatro cargos que Diana Atamaint tendrá que refutar la próxima semana.

Los Ríos en disputa

1. Primero, los consejeros, de mayoría del CNE, con Diana Atamaint a la cabeza, destituyen a un funcionario por haber tomado una decisión arbitraria. Luego, y por petición socialcristiana, ratifican la decisión arbitraria por la cual lo destituyeron. ¿Tiene lógica? Para el TCE, ninguna. El organismo de justicia electoral decidió sancionar con una multa equivalente a veinte salarios mínimos a Atamaint y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera por este comportamiento. Hoy, es una de las principales acusaciones en el juicio político contra la presidenta del CNE.

Ocurrió en Los Ríos. El funcionario en cuestión es el presidente de la Junta Provincial Electoral, Luis Páez, que en las seccionales del pasado 24 de marzo había dejado sin atender los reclamos de las organizaciones políticas con respecto a los escrutinios: con más de 800 actas denunciadas como inconsistentes, él simplemente dio por clausurada la sesión. Era el 2 de abril de 2019. El día 3, ante una solicitud presentada por candidatos que se sentían afectados y considerando que la clausura de la sesión de escrutinios era ilegítima, pues el proceso no había concluido, el CNE destituye a Páez y nombra nuevas autoridades provinciales. Estas dan trámite a los reclamos y ponen en marcha un proceso de reconteo de votos. El resultado es que algunos candidatos del Partido Social Cristiano, según consta en el texto de la sentencia del TCE, empiezan a perder votos abrumadoramente.

Para evitar el naufragio, interviene rápidamente el directivo socialcristiano Pascual del Cioppo, con el argumento de que una sesión clausurada no se puede reinstalar. Con eso y un informe no vinculante de su departamento jurídico, Diana Atamaint vuelve a llevar el caso ante el Pleno del CNE y, con los votos de su mayoría, echa para atrás y vuelven al punto de partida. Según el TCE, la clausura de la sesión del 2 de abril fue “un acto administrativo absolutamente nulo” y, al declarar su validez, Atamaint y su mayoría pusieron “en riesgo el debido proceso y la seguridad jurídica”, violaron el Código de la Democracia e incurrieron en “ineficacia administrativa”.

El caos informático

2.Que no hubo apagón informático, dijo Diana Atamaint al día siguiente de las elecciones seccionales del 24 de marzo. Que el sistema nunca dejó de trabajar, nomás hubo problemas. Lo cierto es que los ciudadanos no podían acceder a él. Y que no se tuvo, durante horas, actualización de resultados. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, admitió que “ha fallado el sistema de transmisión interno en cuanto a la información que se puso a disposición de las organizaciones políticas. Muy lenta. Definitivamente fue un fracaso”.

No era de extrañarse. Ya hubo un apagón informático en las elecciones de 2017, cuando Juan Pablo Pozo presidía el CNE, y los problemas en el sistema se venían arrastrando desde 2015. La Contraloría auditó ese período y concluyó, en un informe de este año, que no existe un sistema integrado para la elaboración del padrón electoral ni un sistema de controles de validación para la transmisión de resultados, lo cual merma su credibilidad. Y ese sistema sin credibilidad fue el mismo que usó Atamaint en las seccionales de marzo. “No ha sido mejorado desde hace diez años”, admitió en julio.

Sin embargo, la decisión de mejorarlo estuvo en sus manos: nomás tenía que convocar a las organizaciones políticas, como lo manda la ley, para que conformaran las veedurías correspondientes y los consejos consultivos que pudieran poner en marcha las auditorías. El sistema informático no mejoró porque no fue auditado y no fue auditado porque Atamaint no quiso, sostienen los acusadores de este juicio político

Derechos vulnerados

3. Que la decisión del anterior CNE de negar el pedido de consulta popular sobre el Yasuní fue una decisión ilegítima, es un hecho de dominio público. Ya en septiembre de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana determinó la existencia de irregularidades en el proceso de validación de firmas presentadas para respaldar la consulta; el propio CNE transitorio admitió esas irregularidades, en noviembre de ese año; y, en enero de 2019, cuando Atamaint ya era presidenta del organismo electoral, la Defensoría del Pueblo pidió “la reparación de los derechos constitucionales de participación” del colectivo Yasunidos , proponentes de la consulta popular.

Para ello, el CNE solo tenía que emitir un “certificado de cumplimiento de la legitimidad democrática”. El Consejo de Participación Ciudadana le exhortó a que lo hiciera cuanto antes y los Yasunidos empezaron un calvario de peticiones, oficios, audiencias, idas y venidas, infructuosas esperas. Nunca obtuvieron respuesta.

En septiembre, el TCE emite una sentencia al respecto (la segunda adjuntada al proceso político en la Asamblea) en la que reconoce la vulneración de derechos de participación y manda al CNE a dar, en el plazo de 30 días, una respuesta a la solicitud del certificado de legitimidad democrática presentada por Yasunidos. Esa respuesta solo se produjo dos meses después, en noviembre del año pasado, y fue negativa. Es decir: la decisión del CNE anterior de negar el pedido de consulta popular sobre el Yasuní fue ilegítima, pero puede seguir siéndolo. Y Diana Atamaint puede seguir declarando a los cuatro vientos lo mucho que le importa la defensa de aquello que llama “mi Amazonía”.

¿Quién protege a loyo?

4. Luis Loyo, a quien Diana Atamaint nombró como director nacional de Procesos Electorales del CNE, se confesó culpable de tráfico de influencias y hoy se encuentra preso. En un audio hecho público esta semana durante la presentación de pruebas de cargo en el juicio político, se lo escucha conversando con una vocal del organismo provincial electoral de Manabí sobre “modificaciones en Tosagua”, “compromisos” y “negocios” en Jama. Se refieren a los escrutinios. Atamaint se defiende diciendo que a ella ni se la menciona en ese diálogo (aunque sí hay una frase inconclusa que da a entender su relación con las “modificaciones” de Tosagua) y lanza la pelotita a la consejera Esthela Acero, que fue quien recomendó a Loyo para el cargo.

Lo cierto es que la máxima autoridad administrativa y nominadora del organismo electoral es Diana Atamaint. Y que nadie (y ella menos que nadie) puede decir que no fue advertida sobre la calidad moral del sujeto a quien decidió entregar tan delicado nombramiento. Atamaint sabía exactamente a quién estaba contratando. Dos oficios dirigidos a ella (uno del consejero de minoría Luis Verdesoto, otro de su compañero y vicepresidente del CNE, Enrique Pita) ponen las cosas en blanco y negro.

El de Verdesoto es bastante simple. Se limita a decir: “para los fines legales pertinentes y las medidas que usted considere del caso, pongo en su conocimiento los antecedentes judiciales” del señor Loyo. Y a continuación, un resumen de los 34 procesos que involucran al funcionario: falsificación de documentos, abuso de confianza, estafa… Un prontuario de lujo. Pita, en cambio, se centra en los presuntos delitos electorales cometidos por este personaje durante las elecciones seccionales de marzo y precisamente en Manabí: mandó al director de la delegación provincial a paralizar los escrutinios y trató de interferir en las elecciones del cantón El Carmen, imponiendo a gente de su confianza como coordinadores de recinto y pretendiendo trasladar personalmente (como si no hubiera protocolos para ello y no fuera su obligación garantizarlos) los sobres con el padrón y las papeletas no utilizadas.

Todo esto sabía Atamaint en mayo del año pasado. Sin embargo, tomó la decisión de mantener en su cargo a Loyo hasta noviembre, cuando cayó preso por tráfico de influencias.

Los interpelantes

Jeannine Cruz, asambleísta: “La responsable de contratar al personal idóneo para el Consejo Nacional Electoral era la señora Atamaint. Dos de sus consejeros ya le advirtieron quién era y cómo operaba el señor Loyo”.

Fernando Flores, asambleísta: “Desde 2008, cada proceso electoral ha carecido de transparencia. No podemos permitir, a las puertas de unas nuevas elecciones, que la señora Diana Atamaint continúe al frente del CNE”.