El Gobierno no ha podido frenar los altos niveles de violencia que se viven en las cárceles del país. Un año después de terminada la vigencia de un estado de excepción para el control de las prisiones, una espiral sangrienta que deja 14 internos muertos en los últimas dos semanas obliga al Gobierno, otra vez, a movilizar fuerzas militares y policiales para aplacar una virulencia que parece imparable.

El anuncio presidencial de un nuevo estado de excepción carcelaria llega tras conocerse sobre el asesinato de dos reos en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, y luego de que el israelí Shy Dahan, testigo clave en una investigación por corrupción -por la cual fue detenido ayer el expresidente Abdalá Bucaram- fuera ultimado en el interior de su celda en la cárcel de Guayaquil.

Pese a las medidas excepcionales adoptadas para atacar una crisis que en 2019 cargó con más de una treintena de muertes violentas, la crítica situación de esos establecimientos se mantiene inalterable, y se refleja en los más de 20 asesinatos registrados en lo que va de este año.

Lo reconoció ayer la ministra de Gobierno, María Paulo Romo, en declaraciones a un medio televisivo. “En el Ecuador hay un profundo problema penitenciario que tiene que ver con el diseño, con el modelo, con reformas legales, con recursos, con hacinamiento. Esto que se ha decretado a través del estado de excepción va a atender específicamente algunos temas de seguridad”, precisó la funcionaria.

“Nos comprometemos en fortalecer lo que no está fallando”, dijo por su lado Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Durante una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre el decreto presidencial, el funcionario admitió que hay falencias no superadas en las prisiones. En 2019, el SNAI utilizó $ 20 millones para enfrentar la crisis.

La sobrepoblación carcelaria, con todas las dificultades que acarrea, sigue golpeando. Según cifras oficiales, hay 37.500 presos en los 53 centros de privación de libertad. Hay una reducción del 10 % en el hacinamiento, pero para cuidar a esa cantidad de internos solo hay 1.477 agentes de seguridad penitenciaria, según la explicación que dio Moncayo.

La mayor cantidad de internos se concentra en los nuevos centros de rehabilitación social de Guayaquil, Latacunga y Turi, cuyas infraestructuras fueron levantadas en 2011 a un costo de $ 300 millones, supuestamente con todas las adecuaciones que demandaba el nuevo modelo de gestión carcelaria. Pero hasta hoy, los cerca de 12.000 presos de esos centros siguen alimentándose en condiciones similares a las viejas prisiones. EXPRESO desveló en un reportaje que las megacárceles fueron construidas sin comedores ni lavanderías.

El servicio de alimentación para la población carcelaria es también una complicada gestión para el Estado. Así como hay constantes quejas por la calidad, la provisión de tres raciones diarias para cada preso, que demanda un gasto de casi 36 millones de dólares anuales, desde 2019 se cancela sin mediar un contrato sino a través de convenios de pago, una figura de la que los entes públicos abusan y que esconde puntos de fuga de recursos públicos.

El mismo hacinamiento hizo estallar en este año un grave problema sanitario por la COVID-19 dentro de las cárceles. La oenegé Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (Inredh) denunció que 727 presos estaban enfermos y 23 personas habían fallecido. Las autoridades no han podido “contener el ingreso del virus en los centros de privación de libertad”, donde hay contagios tanto entre presos como guardias, reportó el organismo.

El estado de excepción es para controlar “las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios”, escribió el presidente Moreno en su cuenta de Twitter. Pero para otra oenegé, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), esa medida no es la idónea frente a una crisis carcelaria que se agudiza por el deterioro de las condiciones de vida de la población privada de libertad.

RESPONSABLES

Las carteras de Gobierno, Defensa, Finanzas y el SNAI se encargarán del decreto ejecutivo que el pasado martes firmó el presidente Lenín Moreno.

ANTECEDENTES

El año pasado, después de registrarse muertes violentas en las prisiones, Moreno decretó un estado de excepción el 16 de mayo, por 60 días, que fue renovado el 15 de julio.