Cuarenta y cinco cadáveres que estaban en morgues hospitalarias de Guayaquil fueron identificados por el personal de Criminalística de la Policía, por lo que la Fiscalía del Guayas solicitó que sean trasladados a los cementerios que disponga el Municipio de la ciudad para su respectivo entierro.

Así lo informó la tarde de este 14 de mayo la fiscal provincial, Yanina Villagómez, quien agregó que una vez recibido el informe policial se procedió hoy con el pedido de inhumación.

"Se dirigieron oficios al director del Hospital Guasmo Sur para que los cuerpos ya identificados sean enterrados de acuerdo al protocolo", precisó la funcionaria.

El proceso se desprende de una investigación que busca determinar una presunta negligencia por parte de funcionarios del Hospital Guasmo Sur, Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, quienes, según las primeras indagaciones, habrían incumplido los protocolos para el manejo de cadáveres en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Desde las dos últimas semanas de marzo, decenas de personas contaron a EXPRESO que habían tenido problemas para encontrar a sus parientes fallecidos en las morgues de los hospitales. Varios denunciaron que, al ingresar a buscar a sus familiares, hallaron sus nombres en bolsas que tenían otros cuerpos. 

La mayoría de los casos denunciados a este Diario se produjeron en los tres hospitales que ahora son investigados por la Fiscalía.

Ahora el caso está en manos del fiscal César Suárez, quien solicitó la identificación antropológica de los cuerpos por medio de las características físicas como estatura, señas particulares, tatuajes, entre otras.

La institución también señaló que en estos casos se aplicó el "método técnico científico dactilar", en el que se recabaron las impresiones dactiloscópicas (huellas) para cotejarlas con la base de datos del Registro Civil.

El pasado 1 de mayo, la Fiscalía señaló que había 131 cadáveres sin identificar debido a su estado de descomposición. Los cuerpos estaban dentro de contenedores que hacían de morgues provisionales ante el colapso del sistema sanitario.

Tres días después del inicio de la investigación, familiares de los fallecidos extraviados hicieron un plantón en los exteriores de Criminalística para exigir respuestas.

“De mi padre me dijeron que está enterrado ya, pero jamás lo vi, así que nunca sabré si era él. De mi esposo, en cambio, hasta hoy no sé nada. Y ya pasó más de un mes”, reclamaba Ana Gómez, quien perdió a sus dos familiares el mismo día.

La investigación se realiza el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se sanciona de acuerdo al artículo 282 del COIP con pena privativa de libertad de uno a tres años.