Las dificultades caminan de la mano con la organización de seis concursos públicos que debe llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la designación de varias autoridades.

La falta de presupuesto y las discrepancias internas han frenado el avance en algunos de esos procesos. Uno de ellos, para la designación del nuevo contralor general del Estado, no  acelerara pese a que el reglamento fue aprobado el pasado 18 de julio.

En esa normativa debían ser incluidos los aportes de la ciudadanía. Es una exigencia nacional que se cuente con una persona proba para que dirija la Contraloría, hoy sumida en escándalos de corrupción, y que ha estado dirigida, desde 2017, por un funcionario titular y tres subrogantes.

El CPCCS, asimismo, debe llevar adelante los concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al titular de la Defensoría Pública, dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), y los representantes o delegados en la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), en los Consejos Nacionales de Igualdad y en el Consejo Intersectorial de Desarrollo de Fronteras (ver gráfico).

Para la elección de contralor, el escollo ha sido su financiamiento. El CPCCS había solicitado $ 393.895. El pasado martes, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió esos recursos al organismo. David Rosero, presidente subrogante de la entidad, reseña a EXPRESO que habían hecho tres solicitudes a esa cartera de Estado para disponer de ese dinero.

Finanzas había requerido al Consejo que realicen en lo posible una reasignación presupuestaria, ya que en marzo de este año transfirió $ 694.007 para la ejecución de los concursos públicos de designación de autoridades. Pero Rosero precisa que ese monto no estaba destinado para la selección de contralor ni de los vocales del CNE.

El consejero Francisco Bravo, consultado por este Diario, afirma que si el Consejo hubiera utilizado bien esos recursos, “habrían servido para llevar adelante al menos tres concursos”.

Agrega el vocal que “la misma presidenta (Sofía Espín, hoy con licencia por maternidad) ha reconocido que esos recursos fueron utilizados para gastos corrientes del organismo, lo cual no se podía hacer, ya que era para destinarlos a los concursos”.

Al Consejo le han quedado cortos los tiempos para designar a los 9 miembros de la Copisa, un organismo instituido por la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, cuyos delegados actuales se encuentran en funciones prorrogadas.

El vocal Hernán Ulloa afirma que las acciones de los cuatro consejeros de mayoría han provocado situaciones que afectan el normal desarrollo de los procesos en curso.

“Hay problemas supergraves que van a afectar la designación de autoridades. Recordemos que una de las cosas que deben garantizar estos concursos es la transparencia, y si estos procesos se hacen solamente con la participación de cuatro y no siete vocales, esto podría tomarse como que se hace un traje a la medida para una determinada designación”, advierte Ulloa.

Para Rosero, las discrepancias dentro del CPCCS son las que normalmente existen en cualquier cuerpo colegiado. “Pero tenga la seguridad de que hay una mayoría de consejeros que vamos a avanzar en todos y cada uno de los concursos”, sostiene el presidente subrogante del organismo.

EL DETALLE

Vocales del CNE

Para noviembre deben estar designados dos vocales del CNE, pero aún el Consejo no elabora ni el reglamento ni el instructivo, según el consejero Bravo. El presidente (s), David Rosero, asegura, no obstante, que en el presente mes aprobarán el reglamento y enviarán el presupuesto respectivo a Finanzas.