Con una sentencia ejecutoriada en firme, la libertad del expresidente Rafael Correa, uno de los 20 sentenciados por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, podría llegar a su fin.

Al menos ese es el objetivo de la providencia emitida el martes por el presidente del tribunal de ejecución, Iván León, quien dispuso oficiar a la representación de la Interpol en Quito la emisión de la difusión roja de Correa y otros 14 sentenciados a ocho años de cárcel.

El tribunal señaló que existe sentencia condenatoria ejecutoriada y hasta el momento, habiendo pasado 13 días (hasta el 6 de octubre) y con las boletas de captura giradas, no se conoce su paradero. “Algunos sentenciados incluso, como es de conocimiento público, no estarían en el país”, reconoció el juez.

En esta ocasión la decisión de la Policía Internacional, que ha negado dos pedidos anteriores, podría ser favorable.

¿La razón? El marco legal para solicitar la difusión roja exige el cumplimiento de tres requisitos: la disposición expresa del juez competente para la publicación de la notificación roja, adjuntar el auto de llamamiento a juicio o sentencia ejecutoriada y la orden de prisión preventiva vigente.

Además especifica que debe existir la disposición de un juez de Garantías Penales, solo delitos de ejercicio público de la acción penal, la pena de privación de libertad por el delito debe ser de al menos dos años o más, y para el cumplimiento de una condena penal la pena impuesta debe ser de al menos seis meses de privación de libertad.

El marco legal señala que los pedidos no son aplicables cuando se trata de actividad o intervención de carácter político, militar, religioso o racial, delitos relacionados con asuntos privados y los derivados de normas administrativas.

El general retirado Jaime Vaca fue jefe de la Oficina Central Nacional de la Interpol (OCNI) en Quito. El oficial recuerda que el pedido, antes de llegar a Lyon, Francia (la sede de la Interpol), tiene que pasar a la Cancillería para que legalice la solicitud, pero es el Estado el que debe pedir y la Interpol calificar.

Vaca hace notar una situación: Correa es ciudadano belga y seguramente se acogerá al derecho de no ser extraditado. Por esa razón insiste en que es el Estado, adjuntando toda la documentación requerida, el que debe hacer el pedido.

Si ese país lo autoriza, el expresidente podría ser traído al Ecuador. Caso contrario, no podrá salir de Bélgica para evitar ser apresado en alguna otra nación.

El exministro de Gobierno y diplomático Mauricio Gándara recordó que la Interpol, por estatuto, no interviene en asuntos políticos. Destacó, por ejemplo, que acaba de rechazar actuar en contra del expresidente de Bolivia Evo Morales.

Recalcó que hizo mal la ministra de Gobierno María Paula Romo en anunciar que negará el salvoconducto para María Duarte, declarada huésped en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito. Puntualizó que el Gobierno no debe intervenir, “solo los jueces, para que no se convierta el caso en político”.

Además de Correa, el pedido de difusión roja incluye a María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, la asambleísta Viviana Bonilla, el exasambleísta Christian Viteri, Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

Según la providencia, al menos siete sentenciados interpusieron un recurso extraordinario que deberá ser tramitado en la Corte Constitucional.

También el tribunal corrió traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría con el pedido de Alexis Mera de ser trasladado a una cárcel de Guayaquil para cumplir su condena. El ex asesor jurídico de la Presidencia fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi. Entre sus argumentos para pedir el cambio de cárcel, indicó que en ese sitio no tiene ni amigos ni familiares que le visiten.

Finalmente, para el pago de la reparación integral se habilitó una cuenta en el Banco Central.

El detalle

Disculpas. Las medidas de reparación están pendientes. Se trata de disculpas públicas, la colocación de una placa y 300 horas de capacitación en ética.

Reparación integral

Instrucciones de pago

El procurador Íñigo Salvador comunicó a los jueces los datos de la cuenta para los pagos de la reparación integral en favor del Estado por la corrupción derivada del caso Sobornos.

Los $ 14’745.297,16 deben cancelarse mediante transferencia a la cuenta corriente única número 01110006. Hay 30 días de plazo contados desde la notificación de la providencia.