Las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe son constitucionales. Sin embargo, para que se apliquen los dos artículos más polémicos sobre el incremento del salario de los docentes y la jubilación especial, la Asamblea debe incluir nuevos estudios actuariales sobre el impacto económico que tendrá la ley y volver al trámite legislativo, lo que incluye pasar por los dos debates en el Pleno y por el control del Ejecutivo.

Esa es la decisión que tomó la Corte Constitucional, en un fallo que se hizo público este jueves 12 de agosto del 2021. La entidad señaló que los legisladores tienen 30 días para subsanar los errores cometidos en estos artículos y seis meses para ratificar o modificar la norma.

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), la jubilación temprana de los maestros, después de 25 años de servicio y sin límite de edad, no es viable ya que afectaría el fondo de pensiones e implicaría incrementar el porcentaje de aportación de los trabajadores. 

Por otro lado, la Unión Nacional de Educadores y otros gremios han defendido el incremento la aplicación de la Ley. Hasta este jueves 12 de agosto llevaban 32 días de huelga de hambre, pero tras conocer el fallo suspendieron la protesta.

El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, alertó en abril pasado que fijar el salario básico de los maestros en $ 1.000 al mes, un 42 % más que la remuneración actual, y permitir la jubilación especial, el Estado debía desembolsar más de $ 3.000 millones al año. Es decir, un impacto de alrededor del 10 % del PIB.

En la sentencia, la Corte llamó la atención a la anterior Asamblea y del expresidente Lenín Moreno por haber omitido "el cumplimiento de su deber de garantizar el principio de sostenibilidad de la seguridad social". Los jueces las calificaron como “prácticas políticas carentes de seriedad”.

Patricia Borja, abogada y experta en seguridad social, dijo que la Corte Constitucional ha tomado una "decisión adecuada", pues reconoce que hubo fallas en la confección de la ley y porque la Asamblea puede contar con un estudio actual de la situación del Iess,  en donde se establecerá “que es inviable la aplicación de la jubilación temprana”.