La estrategia de Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), fue repartir responsabilidades a diestra y siniestra para explicar por qué en 11 meses no ha nombrado un presidente para el Consejo de la Judicatura.

Esta interrogante se analizó este martes 10 de enero, en Quito, en una audiencia de control solicitada por la Corte Constitucional. Los jueces querían verificar el cumplimiento de su sentencia 1219-22-EP/23, en la que ordenó al CPCCS nombrar al presidente de la Judicatura a través de la terna de la Corte Nacional.

Ulloa dijo que la primera terna remitida por la Corte Nacional fue eliminada porque no cumplía con el debido proceso.

La segunda terna llegó cuando Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y el alterno de Maldonado, Álvaro Román, estaban enfrascados en un conflicto legal por la presidencia. Ulloa recordó que el problema con la Judicatura también se debe a la propia Corte Constitucional, pues en un fallo previo, blindó las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Este organismo nombró a Álvaro Román como suplente de la presidenta de la Judicatura. “No podíamos desconocer al doctor Álvaro Román”, agregó Ulloa.

La tercera la eliminaron porque, según él, dos de los candidatos no cumplieron con los requisitos. Resaltó que la culpa del retraso en nombrar ese titular también fue de la Asamblea, que les siguió un juicio y que terminó en la destitución de Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Rivadeneira y Francisco Bravo.

Una vez retornados al cargo gracias a una acción de protección, otorgado por un juez de La Concordia, llegó la cuarta terna.

Esta sí cumplió los requisitos, pasó la fase de impugnación y se presentó en el pleno para su análisis y consenso. “Deliberamos más de 21 horas, pero lastimosamente no llegamos a un acuerdo”. “En esa deliberación no es que yo voté en abstención para no designar a nadie”.

La consejera María Fernanda Rivadeneira culpó de la demora a los otros consejeros de minoría: Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, quienes no han asistido a ninguna sesión convocada por Ulloa.

Sofía Almeida no dio ningún argumento sobre sus ausencias en el pleno, pero dijo a los jueces que si consideran que el CPCCS ha incumplido lo que ordenaron, les dará la razón.

Saquicela, presidente de la Corte Nacional, también se presentó en la audiencia. Dijo que el CPCCS descalificó de forma ilegal a Marco Tello y Andrés Esteban Mogrovejo; “ellos sí cumplían los requisitos”.

El abogado de la Corte, Ernesto Albán, señaló que el incumplimiento es claro y los magistrados deben sancionar. Pero puso dos escenarios que, para los jueces de la Corte, son los más preocupantes. El primero es que cinco de los siete consejeros están con licencia porque se quieren reelegir. “Estamos frente a un proceso electoral para elegir al CPCCS, quienes se posesionarán recién el 14 de mayo... si no toman la decisión inmediata, estaremos sin un presidente de la Judicatura hasta el 14 de mayo”. El segundo problema es que si gana el sí de la consulta y aún no han nombrado un titular, las actuales autoridades se prorrogarán en el cargo al menos un año y medio más.

Frente a esta encrucijada, Albán pidió que la Corte Constitucional nombre al titular de la Judicatura o que permite al pleno de la Corte Nacional escoger a su representante. “Necesitamos que la Corte dé una solución concreta y real”, sostuvo.

Los jueces terminaron la audiencia para meditar su resolución. 

• Votos. El CPCCS no puede sesionar porque los vocales están en campaña: Sofía Almeida, Juan Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.