Frustración e impotencia de no poder hacer mucho más. Así se siente el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Ha emitido varios llamados de atención al Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria. Su preocupación más grande, que la gente muera en las casas sin ser atendida. Ese y otros temas son abordados en esta entrevista con EXPRESO.

- ¿Cuál es su lectura de esta emergencia sanitaria?

- Esto se veía venir. Hablamos de una pandemia que fue declarada por la OMS y tratarla como una simple gripe trae hoy consecuencias. La administración de la crisis en la emergencia es completamente ineficiente. ¿Cómo es posible que privilegiemos el pago de la deuda externa frente a los recursos que necesitaba salud? Además, quedarse en casa es un lujo de algunos. Hay gente que no tiene garantías para hacerlo; para ellos más bien se convierte en una sentencia de muerte.

- Cuando dice que el Estado es ineficiente, ¿a qué acciones concretas se refiere?

- No hubo recursos entregados con oportunidad para manejar la crisis.

- De todo lo que llega a Defensoría en estos días de crisis, ¿qué es lo peor?

- Ver a la gente cómo padece, nos llama, presenta sus quejas, se desespera al teléfono y llora porque sus familiares no tienen atención, cuando tiene síntomas y cuando fallece. Es frustrante no poder hacer mucho al respecto.

- Con respecto a los cadáveres, ¿se hizo ya una acción puntual?

- Estamos haciendo un registro de las personas que han solicitado la atención del Estado y no ha llegado. Se pone en riesgo a familias con un cadáver en casa por muchos días. Hemos insistido con la autoridad permanentemente. Solo en dos días recibimos cincuenta denuncias de este tipo.

- ¿Conoce sobre la falta de implementos para el personal que recoge cadáveres?

- Tenemos información, más bien, de un gran número de uniformados contagiados, sobre todo militares. Por ejemplo, todo el batallón de San Lorenzo está en aislamiento.

- Ha exigido respetar los derechos del personal sanitario. ¿Qué ocurre?

- Hemos registrado denuncias porque el personal no recibe los insumos necesarios para trabajar; pero muchos tienen miedo de ser despedidos o sancionados. Han llegado casos del Teodoro Maldonado Carbo, de hecho, de todas las unidades del IESS que hoy tratan en COVID-19.

- Y en cuanto a los ecuatorianos en el extranjero, ¿paralizar los vuelos humanitarios es lícito bajo los argumentos de la ministra María Paula Romo?

- De ninguna manera. Es una vulneración a los Derechos Humanos. Se les ha negado cualquier tipo de asistencia de parte del Estado. Hay consulados y embajadas que cerraron sus puertas y no dieron ningún tipo de atención. La ministra Romo se sorprende de que hayan presentado un habeas corpus... yo le digo que tengo una cantidad de denuncias sobre el trato que se ha dado a los ciudadanos en los supuestos vuelos humanitarios.

- ¿Cómo de qué tipo?

- Esos vuelos, de humanitarios no tienen nada. Implican costos al doble o al triple del valor normal y llegar a hoteles de 70 y 80 dólares, donde están tres, cuatro, cinco personas en una misma habitación. Además, sabemos que se ha traído a ecuatorianos sin ningún tipo de protocolo.

- ¿Se ha sugerido algo sobre este tema?

- Es necesario realizar pruebas a todos quienes llegan y declarar los hoteles como servicio público, en donde se cobre un costo mínimo. No es posible que tratemos de lucrar de la emergencia en estas condiciones en las que está el país.

- El sector hotelero ha sido uno de los más golpeados.

- Las empresas hoteleras tienen una infraestructura instalada y desocupada. No se trata de generar gasto para ellos. Se trata de retribuir servicios de alimentación y limpieza, pero no con tarifas tan altas. Es necesario que el Estado actúe. Igual pasa con las clínicas privadas. Si llega usted con un cuadro de emergencia, y no puede pagar, no lo atienden.

- Defensor, ni siquiera en el servicio público están atendiendo casos urgentes. ¿Lo sabe?

- Sí, tenemos conocimiento. Conocí el caso de una chica con COVID-19 a la que le dijeron: ‘Llámenos solo si no puede respirar’. No atender las emergencias es un atentado a la vida. Nadie puede actuar de esa manera. No hay acompañamiento. Están muriendo en las casas por falta de una atención a tiempo. Y eso, de nuevo, se resume en ineficiencia.

- ¿El escándalo de los sobreprecios del IESS entra en su lista?

- Es absolutamente condenable que en momentos en que hay gente que no tiene qué comer y médicos sin equipamientos se haya descubierto esto. El presidente del directorio del IESS debe responder por esto. No puede ser posible que no se haya dado cuenta. Por un mínimo de honestidad, decoro y responsabilidad con el país, Paúl Granda debió presentar su renuncia, por no ser capaz de controlar el uso eficiente de los recursos. El país no puede tolerar aquello.