Cifras que preocupan. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, informó que al 27 de abril de 2020, existen 4.618 alertas reportadas por la ciudadanía relacionadas a vulneraciones a los derechos a la salud, al trabajo, a la alimentación, al retorno seguro y efectivo de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, al acceso a la información pública, a los derechos de personas usuarias y consumidoras, entre otras situaciones recurrentes.

Ante esta realidad, el funcionario, el pasado 30 de abril, mantuvo un diálogo con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jhoel Hernández; la comisionada y relatora para Ecuador, Antonia Urrejola, y varios miembros del equipo de la Secretaría Ejecutiva, a quienes expuso el detalle de las vulneraciones a los derechos humanos en el país en el contexto de la emergencia sanitaria, y pidió el apoyo internacional.

Según un comunicado oficial, Carrión habría enfatizado su preocupación sobre la situación de las y los ecuatorianos varados en el exterior, quienes han superado más de 45 días fuera del país y cuya situación se vuelve dramática debido a la falta de recursos económicos para solventar sus principales necesidades de alimentación y alojamiento.

Además, tras señalar que Guayaquil es una de las ciudades más afectadas del país por el virus, denunció que el Gobierno Nacional se demoró en tomar medidas de prevención contra el brote de la pandemia. Precisó que que la Defensoría del Pueblo instó el 29 de febrero de 2020 al Gobierno Nacional, a declarar el estado de emergencia, sin un resultado efectivo, ya que fue hasta el 11 de marzo que se emitió la declaratoria de estado de excepción y toque de queda.

Según la institución, el presidente de la CIDH, Jhoel Hernández, mostró su preocupación por la falta de acceso a la información en Ecuador en el marco de la crisis sanitaria. “Nos preocupa ampliamente que lo manifestado evidencia una crisis de derechos humanos en el Ecuador, en especial, por lo grave que constituye la falta de información confiable”, manifestó.

De la misma manera, la comisionada, Antonia Urrejola, solicitó a Carrión fortalecer las acciones de vigilancia de los derechos de los grupos vulnerables, personas privadas de libertad, población indígena, y planteó la necesidad de que el Estado ecuatoriano implemente políticas inmediatas para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

El Defensor del Pueblo sostuvo que el diálogo fue fructifero, toda vez que se acordó la implementación inmediata de un trabajo conjunto entre la institución que dirige y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.