Privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en que la Fiscalía decida formular cargos. Deberá ser uno de los criterios que deberán considerar los jueces por las condiciones generales del sistema carcelario y la emergencia sanitaria que atraviesa el país para frenar el avance del COVID-19. Lo recoge un oficio que remitió la presidenta de la Corte Nacional de Justicia Paulina Aguirre a los presidentes de las cortes provinciales.

El criterio responde a una forma de contribuir con el aislamiento social y resguardar la salud pública por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus que en el Ecuador llegó este domingo a los 7.466 casos confirmados y los 333 fallecidos, reconocidos oficialmente.

En el oficio Aguirre habla del respeto al principio de independencia interna de los jueces, según el cual las decisiones jurisdiccionales estarán únicamente a lo dispuesto por la Constitución, la ley y los méritos del proceso. Pero considera oportuno reflexionar con los funcionarios que la situación del país requiere por parte de los operadores de justicia coadyuvar con las medidas adoptadas por el gobierno para prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, a través del distanciamiento social.

Reconoce que eso resulta casi imposible de cumplir cuando las condiciones generales del sistema carcelario demuestran cifras alarmantes de hacinamiento.

Por la adversa situación de los privados de la libertad, catalogada en el artículo 35 de la Constitución como grupo de atención prioritaria, sugieren a los jueces que la prisión preventiva y se aplique solo en aquellos casos en que sea idónea, necesaria y proporcional.

Aguirre menciona que se observen los casos de adolescentes en conflicto con la ley y mujeres, en donde los criterios deben ser aplicados con mayor rigurosidad al momento de resolver el internamiento preventivo.

La presidenta de la Corte citó fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese tema.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria alrededor de 300 personas recibieron prisión preventiva como consecuencia del incumplimiento del estado de excepción y toque de queda decretado en el país. 

Un reglamento acordado entre los ministerios de Gobierno y Salud frenó las detenciones y permitió la aplicación de multas a quienes infrinjan el toque de queda con una multa de 100 dólares la primera vez. Hay más de 6.000 personas multadas.

Actualmente el sistema carcelario del país supera los 40.000 privados de la libertad distribuidos en alrededor de 36 centros.

El sistema penitenciario colaborará durante la emergencia sanitaria para las víctimas del coronavirus.

Una campaña del Servicio de Atención Integral (SNAI) busca que privados de la libertad elaboren cofres mortuorios que serán donados a los fallecidos. El Ministerio del Ambiente colaborará con la madera y los detenidos pondrán la mano de obra.