Delegados del Subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se reúnen a las 18:00 de este miércoles 28 de septiembre con familiares de las víctimas de la masacre dada hace un año en la Penitenciaría del Litoral que cobró la vida de 125 internos. El objetivo es conocer si el Estado ha cumplido con los ofrecimientos realizados a raíz de la tragedia.

Luego de 365 días del hecho, las muestras del dominio de ciertos grupos en el sistema carcelario de Ecuador no han faltado, los hechos van desde amenazas por supuestos Tiguerones hacia la Policía Nacional para que no interfieran en “su guerra” y que además no sean “alcahuetes de Los Choneros”; cuatro masacres que acumulan por lo menos 282, según cifras oficiales y hasta “suicidios colectivos” como lo denominaron las autoridades en octubre de 2021, al encontrar cuerpos suspendidos al interior de los pabellones de las prisiones (revisar cuadro).

• Observación

ONU y CIDH pasan revista

Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas evalúan desde el lunes las acciones. “Vienen a observar si se ha avanzado en los cambios y si la política pública se está ejecutando, una nueva evaluación con respecto a la última visita dada en diciembre del 2021”, dijo a EXPRESO el defensor del Pueblo, César Córdova.

Para el penalista Joan Paúl Egred, luego de un año del hecho sangriento que también fue noticia en el extranjero, no hay cambio significativo en materia de seguridad y eso desencadena que hechos violentos migren a las calles de la ciudad y sean permanentes. Además, que los operativos y revisiones que se realizan dentro de las prisiones no sean preventivas sino reactivas, generando desconfianza en la ciudadanía sobre su eficacia.

“No hay resultados por parte de la fuerza pública, hay que preguntar hasta dónde estas mafias que operan se han adentrado en las instituciones, que se reflejan en la falta de acción oportuna para tener una paz garantizada”.

Mientras que para la excomisionada de paz, Nelsa Curbelo, es necesario atender las necesidades básicas como salud, alimentación y condiciones dignas de habitabilidad al interior de las celdas. “De esta forma se combate la extorsión en la que viven los internos”, algo denominado como un “secreto a voces” por los familiares de los asesinados.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, por las masacres dadas en 2021 y 2022 hay apenas cuatro denuncias, de las cuales tres están en etapa de investigación previa y solo una en instrucción fiscal. Las mismas que responden por el fallecimiento de exclusivamente 250 reos.

En la primera declaratoria del estado de excepción se prometió desde el Gobierno que se implementarían escáneres para evitar el ingreso de armas, pero no se ha detallado todavía si ya fueron instalados. Desde el Servicio de Atención a Privados de Libertad, se señaló que remitirán la consulta al departamento técnico para emitir la respuesta correspondiente.

Sin embargo, recién el pasado 19 de septiembre, en Cotopaxi, se “encontró” una maleta que habían dejado abandonada con 2.570 municiones, un fusil, una subametralladora y cizallas, esto mientras lograron percibir que dos reos estaban intentando escapar y estaban ya a pocos metros de la salida.

No suficiente con esto, al día siguiente tres policías intentaron ingresar al pabellón de máxima seguridad 500 municiones camufladas en su chaleco antibalas, ese mismo día inició el censo penitenciario para levantar información en ese reclusorio.