La Contraloría General del Estado halló una serie de irregularidades en la contratación del servicio para emitir cédulas y pasaportes electrónicos, cuyo contrato firmó el Registro Civil con el consorcio EDOC, de México, por $ 26,9 millones.

Según información de la entidad, difundida este jueves 21 de octubre del 2020, el Registro Civil optó por realizar una contratación internacional, luego de haber argumentado falta de proveedores nacionales. Sin embargo, esta contratación “no se sustentó técnica ni legalmente”. Ya que la vía de licitación internacional “aplica solamente para la compra de bienes en el extranjero” y en este caso el Registro Civil adquirió un servicio informático.

La auditoría también concluyó que el Registro Civil no estableció la arquitectura tecnológica para la implementación del sistema de cedulación y pasaportes digitales. “No definió detalles para su instalación y configuración, ni las características de los equipos y software que conformarían la infraestructura de los centros de datos”.

En el contrato, el Registro Civil estableció la necesidad de contar con computadores, cámaras fotográficas digitales y escáneres biométricos. Estos artículos podían haber sido adquiridos en el país, pero se optó por la vía extranjera.

En la fase de calificación de ofertas, la entidad no hizo una convocatoria a través de medios internacionales para que las empresas extranjeras liciten. Además se entregó el contrato a un consorcio que no cumplía con la experiencia solicitada.

Durante la ejecución del acuerdo, el consorcio EDC tenía la obligación de designar un apoderado en Ecuador, pero no se cumplió. “Esto provocó desembolsos injustificados por pasajes, viáticos y subsistencias para el director general y el coordinador general de Asesoría Jurídica del Registro Civil, por $ 13.372”.