Tenía diez días, pero le bastaron cuatro. El Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop), que el pasado 11 de marzo suspendió el proceso para contratar el dragado en el río Guayas, a fin de revisar si hubo alguna irregularidad, ha decidido continuar con el trámite.

La prefecta del Guayas, Susana González, había explicado estos días a EXPRESO que los reclamos presentados por los consorcios descalificados y la suspensión temporal del proceso en sí son habituales en este tipo de proyectos. Y ayer, en un comunicado, repitió esa frase que ya casi convierte en canción: “el dragado va porque va”.

Ya antes dijo que había presentado “la documentación requerida por el Sercop” ante los reclamos. Entre los que se enlista uno del consorcio El Palmar, que en un oficio de febrero hace ver “la interpretación extensiva del texto” que hizo la Prefectura al pliego que forma parte del proceso.

El contrato del dragado se adjudicó el 24 de febrero al consorcio Dragando por el Guayas, por un valor de 44 millones de dólares.

Ante las críticas del consorcio descalificado, la entidad había dicho que “el accionante insiste en querer inducir a un error al Sercop, interpretando la norma a su conveniencia, y busca de manera antijurídica hacer válida la designación del procurador común”.

Ayer, en otro comunicado, la Prefectura celebró que el Sercop “acogió los argumentos expuestos” y dijo que se levantará la suspensión del procedimiento para continuar con la firma del contrato. González ratifica allí que el proceso se llevó a cabo de manera “transparente y cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Contraloría y Sercop”.

En el mes de abril se procederá a la firma del contrato que prevé dragar 480 hectáreas de sedimentos, unas seis millones de toneladas métricas que serán depositadas en cuatro polígonos externos en el área norte de Durán.

González, además, solicitó a la Contraloría un examen especial a las fases preparatoria y precontractual del proceso de licitación al momento de la adjudicación, que en un intento anterior iba a costar unos $ 90 millones.

El consorcio lo constituyen las empresas Tianrun Grupo de Qingdao S.L (65%), Kalkin S.A (33%) y el arquitecto Tyrone Leyva Castro (2%). De acuerdo a la prefecta, cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de contratación y demostró “tener la capacidad técnica, legal y económica” para el contrato.