El contralor subrogante Carlos Riofrío tuvo este 12 de julio de 2021 su primera comparecencia en la Asamblea Nacional y fue interrogado, por algo más de dos horas, por los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

El funcionario aseguró que pese a que fue Pablo Celi el que lo designó el 25 de junio pasado, desde la Cárcel 4 de Quito, no ha mantenido ni mantiene contacto con el investigado por el supuesto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

“No tengo relación, aparte de lo laboral, no tengo comunicación ni he visitado a Pablo Celi. No me ha llamado ni le he llamado”, aseguró el contralor subrogante ante la pregunta que fue una de las que más se repitió entre los asambleístas.

Riofrío también dio a conocer que entre sus primeras acciones en la Contraloría está la revisión de los perfiles del personal, especialmente de aquel que trata temas delicados y que, a partir de ahí, se iniciará una necesaria rotación del personal, dando prioridad a las personas que cuentan con expedientes limpios, aunque aclaró que no se trata de un tema de desconfianza.

Los asambleístas, especialmente los correístas, le instaron a que renuncie al cargo, porque si bien Riofrío es un funcionario de carrera y no tiene antecedentes negativos en su hoja de vida, su origen estaría manchado por haber sido nombrado por Celi. “No voy a renunciar al cargo de contralor subrogante ni de subcontralor”, fue la respuesta.

Finalmente, informó que hasta el momento no había firmado ningún informe de auditoria. Sus explicaciones no dejaron de todo satisfechos a los legisladores, por lo que tendrá que enviar nueva documentación y explicarla en un futuro cercano.

Casi a la misma hora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se reunió para conocer la carta de renuncia irrevocable que fue enviada por Celi desde la cárcel, el 6 de julio pasado, en la que argumenta ser víctima, entre otras cosas, de linchamiento mediático.

Los siete integrantes del organismo votaron a favor de aceptar la dimisión y de enviar la resolución a la Asamblea Nacional en donde se tramita un pedido de juicio político en contra de Celi y otro más es analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que espera un informe jurídico para calificarlo.