Al recién posesionado presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, José Serrano, le tocó disimular desde el primer día. Ayer sesionaron para recibir en comisión de servicios al contralor general del Estado, Pablo Celi, quien presentó y defendió su proyecto de convertir a la Contraloría en un Tribunal de Cuentas. Y lo primero que le tocó oír a Serrano fue una retahíla de improperios lanzados contra su “compadre lindo”, el excontralor hoy prófugo de la justicia, Carlos Pólit: “En diez años, un sátrapa sin escrúpulos convirtió a la Contraloría en su botín y en su guarida”, dijo el socialcristiano Henry Cucalón. “¿Eso es culpa de la ley o es culpa del crápula?”. Serrano, famoso por haber conspirado con Pólit en contra del fiscal, poniendo cara de palo se llevaba una gran taza a la boca y sorbía a tragos largos. Glup, glup.

Por lo demás, y con la excepción de este único episodio digno de figurar en el anecdotario político, la sesión de ayer fue estrictamente técnica y abrió lo que promete será un largo debate. La idea es reformar la Ley Orgánica de la Contraloría con el fin de convertir a ese organismo en un Tribunal de Cuentas, es decir, un cuerpo colegiado integrado por siete ministros auditores en lugar de un solo contralor con la doble capacidad de auditar y juzgar. Esta propuesta, que demoró más de un año y medio en llegar a la Asamblea, fue presentada originalmente por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición que presidió Julio César Trujillo. Y sí: el descrédito en que cayó la Contraloría luego del largo periodo en el que la presidió Carlos Pólit, tiene todo que ver en esta historia.

Siete ministros auditores serán más difíciles de corromper que un solo contralor. Su periodo duraría seis años y serían nombrados de la siguiente manera: dos por la Asamblea, uno por la Presidencia de la República, dos por concurso de oposición y méritos y dos por la propia Contraloría, que los elegiría entre sus funcionarios de carrera. Habrá un pleno y dos salas especializadas, de tres miembros cada una: una de auditoría y otra de determinación de responsabilidades.

Según Celi, que se tomó 35 minutos para exponer los detalles del proyecto, ninguna de estas reformas afecta a la estructura del Estado, por lo cual no será necesaria una enmienda constitucional para ponerlas en vigencia: bastará con reformar la Ley Orgánica de la Contraloría. Insistió mucho en este punto: no hay complicaciones constitucionales de por medio.

Pero los integrantes de la Comisión de Justicia no estuvieron de acuerdo en este punto. Al menos tres de ellos (el socialcristiano Henry Cucalón, el independiente Héctor Muñoz y el correísta Franklin Samaniego) opinan lo contrario. Primero, porque el nuevo Tribunal de Cuentas “aunque no se lo diga (son palabras de Cucalón), tendrá una clara función jurisdiccional y no meramente administrativa”, como ocurre actualmente con la Contraloría, y esa característica implica realizar ciertos ajustes constitucionales. En segundo lugar porque la designación de representantes de la Asamblea y del Ejecutivo para integrar el nuevo Tribunal no está prevista en la Constitución, y debería estarlo. Héctor Muñoz pidió un análisis de constitucionalidad al equipo asesor de la mesa. Franklin Samaniego cree incluso que es necesario elevar una consulta a la Corte Constitucional.

Lo que viene de inmediato es una larga serie de consultas: los presidentes de los tribunales de cuentas que operan en Uruguay, Brasil, República Dominicana, Italia, Francia, España y Portugal serán invitados a exponer ante la Comisión, vía Zoom, las ventajas de sus respectivos organismos. También se llamará a varios constitucionalistas para que compartan sus criterios. El proyecto, más que generar una directa oposición en la Comisión, produjo dudas sobre el procedimiento necesario para aprobarlo. Solo una cosa está clara: Pablo Celi continuará en el cargo hasta terminar su periodo, es decir, hasta 2022.