La compra de pruebas de COVID-19 que hizo la Secretaría de Salud del Municipio de Quito durante la pandemia tuvo irregularidades. Lo sostiene una glosa solidaria confirmada por la Contraloría.

Ese organismo determinó posibles incumplimientos en las especificaciones técnicas y en el número de kits de detección molecular que entregó la empresa proveedora al Municipio capitalino, en ese entonces liderado por el exalcalde Jorge Yunda. Esas anomalías habrían provocado al Estado un perjuicio de 2.5 millones de dólares.

Por ese caso existen 14 personas enjuiciadas por posible peculado. A la cabeza el exalcalde Yunda y los exsecretarios de Salud Lenin Mantilla y Ximena Abarca. El juicio se suspendió en octubre de 2021 por una recusación presentada por la defensa de Jorge Yunda que cerca de nueve meses después, sigue sin resolverse en la Corte de Pichincha por los incidentes que se han presentado en el trámite. El expediente se abrió a raíz de un informe con indicios de responsabilidad penal que envió la Contraloría a la Fiscalía.

La Contraloría confirmó una glosa solidaria para exfuncionarios de la Secretaría de Salud. Serían al menos cinco personas naturales que actuaron entre abril y julio de 2020, y la empresa proveedora de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19.

Según la información de la Contraloría, la responsabilidad civil deriva de las conclusiones del examen especial que analizó la adquisición de bienes e insumos, a través del contrato por régimen de emergencia y a los convenios firmados con las entidades encargadas de realizar el análisis y procesamiento de las muestras para la determinación molecular de COVID-19 por PCR-Polimerasa.

En la resolución confirmatoria del 19 de mayo de 2022 se menciona que el contratista entregó reactivos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato, originando un perjuicio económico al Estado.

Dice el documento que un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular, del Hospital Carlos Andrade Marín señala que la Alcaldía no recibió los reactivos tipo PCR (reacción en cadena de la polimerasa), sino tipo LAMP, advirtiendo que esta técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99 % al 100 %, característica estipulada contractualmente.

Afirma que previo a la recepción de los kits, no se solicitó a la ARCSA el análisis de control de calidad, necesario ante la falta de perfil profesional o experticia en temas de biología molecular de los servidores de la Secretaría de Salud.

Adicionalmente se indico que en la acción de control se identificó que en julio de 2020 se firmó, sin sustento técnico ni legal, el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88.500 kits, de los 100.000 contratados. EXPRESO trató de conocer el criterio de algunos de los mencionados en el informe sobre el contenido del mismo pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La determinación no es definitiva y los glosados pueden presentar un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o en sede judicial, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.